La Defensoría garantiza el derecho fundamental al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso pleno a la jurisdicción del Estado

La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designó a las cinco defensoras y defensores de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que darán asesoría y defensa de los derechos político-electorales gratuita a individuos, comunidades y autoridades de los pueblos originarios.

 Las personas designadas por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral son: Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo, Rosalinda Cordero Guridi,  Andrés Eginardo Hernández, Marina Martha López Santiago y Mariano Méndez Demeza.

 La Defensoría Pública Electoral surgió como el órgano auxiliar de la Comisión de Administración con independencia técnica y autonomía operativa, encargado de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren, ante las Salas del Tribunal Electoral.

 La Defensoría se fundamenta en los artículos 1º, 2º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran un conjunto de obligaciones para el Estado mexicano, que reconocen una serie de garantías judiciales de carácter general y específicas para los pueblos y comunidades indígenas, entre ellas, el derecho fundamental al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

 En el proceso de selección iniciado el 8 de marzo pasado, para ocupar las cinco plazas de defensoras y defensores se inscribieron de todas las entidades del país mil 273 aspirantes, de las cuales 623 fueron mujeres y 650 hombres.

 Los estados que más solicitudes de registro presentaron fueron Estado de México, con 302 inscritos; Ciudad de México, 245 inscritos; Oaxaca,  77; Puebla, 66 y  Chiapas con 63 aspirantes.

 Del total de solicitudes, 357 aspirantes entregaron su documentación –157 mujeres y 200 hombres— para cotejo y luego de una evaluación curricular, el Comité seleccionó a 30 personas, a fin de participar en un curso intensivo virtual sobre los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas.

El curso estuvo integrado por  cuatro módulos: Panorama general de los derechos humanos; Etnografía mexicana y pluralismo jurídico; Derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, y Tutela de los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades indígenas y sus integrantes, a través de sus medios de impugnación electoral.

El 16 de abril pasado, 29 personas que acreditaron el curso tuvieron derecho a presentar el examen final, y de entre quienes obtuvieron el mejor puntaje se seleccionaron a  las cinco defensoras y defensores  de   la Defensoría Pública Electoral. Las etapas de la Convocatoria y sus resultados pueden consultarse en la liga portales.te.gob.mx/ccje

Con la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el TEPJF dio respuesta al déficit que el Estado Mexicano tenía de frente al artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para brindar una defensa adecuada, profesional y gratuita a los miembros y a las comunidades indígenas de todo el país.