Javier Lozano Alarcón y Marcelo García Almaguer serán los enlaces que la coalición Sigamos Adelante designó para atender con el Instituto Electoral del Estado (IEE) la negociación del debate entre los aspirantes a la gubernatura.

En rueda de prensa, el vocero señaló que el próximo lunes será cuando se haga oficial su nombramiento y el del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en Puebla.

Lozano Alarcón, quien además es el coordinador de la campaña de Antonio Gali Fayad, pidió que a la brevedad se inicien las negociaciones entre los enlaces de los cinco candidatos a la minigubernatura.

El Consejo General del IEE aprobó la noche del miércoles un acuerdo para que sean los candidatos, a través de sus representantes, los que propongan la fecha, hora y lugar del encuentro, al cual no están obligados a asistir todos los competidores al poder ejecutivo.

Las condiciones del debate

De las condiciones del debate Lozano Alarcón reiteró que el aspirante a suceder a Rafael Moreno Valle no se presentará si lo que se permite por parte del organismo electoral es dar ventaja a sus adversarios, quienes -insistió- van abajo en las preferencias electorales.

En cuanto a la fecha, manifestó que tendría que darse en el mes de mayo para que así los equipos de los cinco candidatos a la guberantura puedan negociar cómo se realizará el debate.
Del formato, el coordinador de la campaña de Gali Fayad precisó que están dispuestos a que haya una presentación, réplica y contrarréplica, y no como el que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) el cual resultó "acartonado".

Por desventaja, emprenden guerra sucia: Lozano

Lozano Alarcón también mostró fotografías del material que se repartió en municipios como Tecali de Herrera, Tepexi de Rodríguez, Tepeaca, Tehuacán y Puebla, en las cuales se señala que el gobierno del estado miente sobre la deuda pública.

En los volantes se hace mención a que Gali y el mandatario estatal realizaron obras para ricos y endeudaron al estado con obras (la Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Estadio Cuauhtémoc) por 70 mil millones de pesos a pagar en 20 años.

Asimismo, minimizó la petición que Alcalá Ruiz hizo ante la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para que se permita la colocación de su propaganda en unidades de transporte público y anuncios espectaculares.

El vocero de Gali aseveró que no hay ninguna presión por parte del gobierno del estado para que no se coloque la publicidad, y que el reglamento de la Ley de Transporte Público en su artículo 146 advierte que los concesionarios deben de pedir permiso a la autoridad estatal para portar propaganda.

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