La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, organismo desconcentrado de la administración estatal, se ha opuesto a indagar desde 2013 el “desfalco” del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, acusó el abogado Carlos Serna Rodríguez.

De los cinco patronos que integran la Junta, tres ocupan sus cargos por propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, y dos más surgen de planteamientos hechos por asociaciones civiles.

Serna Rodríguez, quien tiene a su cargo la estrategia legal para denunciar el caso de la Fundación, sentenció que en más de 30 años de litigio es la primera vez que se tropieza con una autoridad administrativa que se niega a cumplir la ley.

En abril de 2014, la Fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares, cantidad que constituye todo su patrimonio, a su par “Bienestar para la Filantropía”, que posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Bridgetown, en Barbados, considerado un paraíso fiscal. 

Lo anterior, pese a que los recursos de la fundación creada por William Jenkins en 1954 eran “intocables”. A partir de ahí apoyó el desarrollo de la Universidad de las Américas de Puebla, el Colegio Americano, los Club Alpha, así como diversas obras en la capital y el interior del estado.

El viacrucis de las denuncias

Fue en diciembre de 2013 cuando el litigante presentó una primera denuncia ante la Junta para que indagara la acusación que hizoGuillermo Jenkins de Landa, en contra de los actuales patronos de la Fundación, por quebrantar el patrimonio de la misma.

En esa ocasión, dijo su representante, la Junta respondió que el inconforme ya no formaba parte del consejo directivo, pues había sido destituido, argumento que consideró inválido.

Posteriormente, el ocho de marzo de 2015, el abogado presentó una segunda denuncia, en la que se informó que habían “desaparecido” 228 millones de dólares del patrimonio, pero tampoco hubo respuesta.

El 28 de noviembre del año pasado se interpuso una tercera denuncia que tampoco fue respondida y un cuarto requerimiento fue presentado el 16 de marzo pasado, pero tampoco ha habido una respuesta.

Serna Rodríguez explicó que entre las facultades que tiene la Junta se encuentra el indagar el patrimonio de las asociaciones de beneficencia pública con registro y actividad en el estado, sin embargo sus directivos se han negado a acatar la ley pues señalan que “no son competentes”.

“Es la primera vez en 30 años que yo me tropiezo con una autoridad administrativa a la que hay que decirle que no hay que hacer cosas que ellos creen que pueden hacer…”, remarcó.

En este sentido, prefirió no señalar si el bloqueo a la indagatoria proviene del gobernador del estado, sin embargo recordó que de las cinco personas que integran la dirigencia del organismo, tres ocupan sus cargos a propuesta del mandatario, según lo establece la ley local.

“Es sorprendente que patronos designados por el gobernador no cumplan con la ley que se aprobó en el actual gobierno”, insistió.

Ya sólo deben corroborar acusación

Serna comentó que el trabajo que debe realizar la Junta ya sólo consistiría en confirmar datos, pues el denunciante ya se ha dado a la tarea de indagar que los actuales patronos de la fundación donaron a “Bienestar para la filantropía” un monto de 720 millones de dólares, que fueron trasladados a Barbados, según consta en registros corporativos de ese país.    

En este sentido, indicó que los integrantes de la Junta deberían proceder y establecer procesos sancionadores administrativos en contra de los patronos de la Fundación Mary Street Jenkins así como solicitar su remoción.

Ya analizan otras opciones

El litigante señaló que a nivel local la Junta es el único organismo competente para indagar el desfalco, no obstante analiza recurrir a otras instancias federales, pues el tema tiene alcances fiscales y penales.