Organizaciones civiles urgieron a la creación de un protocolo a nivel nacional para proteger a mujeres líderes y defensoras de derechos humanos, esto luego de las amenazas de muerte contra Rita Amador y Miztli Sarabia, líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigieron a las autoridades mexicanas que cumplan con su obligación de garantizar la seguridad de Rita y Meztli, esposa e hija de Rubén Sarabia Simitrio, líder de la organización creada en 1973.

“Rita Amador, lideresa de la organización, además de enfrentar un proceso haber sido objeto de difamaciones, ha recibido diversas amenazas de muerte, la reciente el pasado 28 de marzo”, señalaron las organizaciones

“Meztli Sarabia, integrante y vocera de la UPVA, fue atacada el pasado 5 de abril por unos sujetos que se presentaron como policías ministeriales y tras retenerla contra su voluntad junto con otro compañero la golpearon y amenazaron de muerte”, apuntaron

las organizaciones que crearon las etiquetas #AlertaDefensoras y #DefendamosALasDefensoras .

Necesario un protocolo nacional

La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT) presentó el Informe Defensoras somos Todas/2,  trabajo de investigación basado en una encuesta aplicada a 52 defensoras de derechos humanos de organizaciones de 19 estados de la república, y 28 entrevistas a profundidad con casos emblemáticos, con el que se documenta la situación de la violencia ejercida contra las defensoras en México.

El documento fue elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHM o CIDHMor) y dentro de sus resultados señala que el principal tipo de violencia que sufren las defensoras sigue siendo, como en 2014, la psicológica, afectando a un 48 por ciento de las consultadas, y abarca amenazas, hostigamientos, acosos, difamaciones en prensa o medios electrónicos (redes sociales).

El principal agresor es el Estado mexicano, sobre todo con campañas de desprestigio, o con la presión ejercida para que periodistas que cuestionan al gobierno sean despedidas de sus trabajos, señala el estudio.

Otros agentes son los poderes económicos, los relacionados con megaproyectos. Esto debido a que uno de los dos temas de principales en que trabajan las defensoras es el de derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con el territorio. El otro es el de los derechos humanos de las mujeres de manera general, advierte el documento.

Consideran necesario articular un protocolo de protección basado en perspectiva de género, característica ausentes en el actual mecanismo nacional vigente. Además se pretende que pueda ser modelo para los protocolos en otros estados, los cuales tampoco se han aplicado.

Aunque se creó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y su respectivo Mecanismo de Protección, el Estado ha seguido sin garantizar las condiciones de seguridad para ejercer el derecho de defender los derechos, señalan.