Aunque el gobierno sabe que le lloverán las críticas, no ampliará el mandato de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso Ayotzinapa.

El subsecretario de derechos humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, le dijo a Grupo Imagen Multimedia que el gobierno mantiene firme su decisión y que el tiempo del GIEI se terminó.

“Hay una aportación importante en la investigación, me parece que sus observaciones, sus reflexiones contenidas en el primer informe han servido para afinar la investigación y seguramente las conclusiones de esta segunda etapa habrán de servir también para garantizar lo que al final me parece es el objetivo que tiene que ver con la investigación, y es que todos los responsables sean identificados, todos sean detenidos y todos sean puestos a disposición de los jueces”, dijo.

—¿Sería un fracaso para el GIEI concluir su misión en México, sin conocer el destino de los normalistas de Ayotzinapa? —le preguntaron—.

“Me parece que tenemos que reconocer también que estamos frente a una desaparición, y que la característica de la desaparición es que los perpetradores no solamente terminan con la vida de una persona sino que además desaparecen sus restos”.

—¿Cuánto le costó a México este grupo de expertos?

“Yo no tendría la seguridad de que el segundo mandato agote, un segundo millón de dólares, sin embargo habrá que esperar a que la cancillería, al término del mandato, informe de cuanto fue la erogación en el segundo mandato”, dijo.

—¿Cuándo comienza el Diagnóstico de Impacto Psicosocial para la reparación del daño a los padres de los normalistas?

“La primera etapa está en curso ya, el titular del Centro Prodh, Mario Patrón, ha informado también con todo cuidado, porque entendemos que se trata de temas complejos sobre todo para las familias, sobre el inicio de los trabajos de este estudio y confío en que vamos a tener pronto resultados para poder avanzar en las siguientes etapas”.

Confirmó que entregaron dos indemnizaciones, una por la muerte de David Josúe García Evangelista, jugador de futbol de los Avispones de Chilpancingo, y la otra por la muerte de Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús que transportaba al equipo de la segunda división.