El tribunal laboral en el estado aceptó la excusa de la Secretaría de Infraestructura y Transportes  que dijo que hubo  “imprecisiones” en la notificación legal en la audiencia de Lucila Mejía Aguilar, una trabajadora despedida injustificadamente durante la presente administración, por lo que la resolución de su caso quedó congelada.

Afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA), Lucila y el abogado laboral Darío García Rojas denunciaron el retraso injustificado en un incidente de nulidad, por lo que exigieron que el organismo actúe de manera independiente y sin consigna desde el gobierno del estado.

Decenas de personas integrantes de distintos colectivos y organizaciones acompañaron hoy la cuarta audiencia que se celebró contra las dependencias del gobierno del estado. A las puertas de la JLCA reclamaron por la impunidad  de las autoridades en la violación de la garantía constitucional de justicia, la sumisión del tribunal laboral y el arrebato de garantías para los ciudadanos.

“Esta fue otra estrategia que usó el gobierno del estado para evitar que se celebren audiencias y se cumpla con la ley que ha ordenado la reinstalación de ex burócratas. El Tribunal acepta cualquier pretexto de las secretarías para extender juicios, apostando al cansancio de los trabadores, desgastando su situación pues sin ingresos se dificulta la continuación de su proceso legal”, explicó García Rojas a éste medio.

Lucila Mejía Aguilar es una de los 14 mil trabajadores del estado que fueron rescindidos  hace más de tres años de sus plazas en dependencias de gobierno, incluidos los organismos descentralizados.  Sólo  5 por ciento de ellos recibieron finiquitos.