El Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por el presidente, Jesús Giles Carmona, interpuso una denuncia en contra de funcionarios públicos federales del programa Prospera ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), por condicionar la entrega del programa federal a beneficiarias del municipio de Cuetzalan del Progreso,  a cambio de apoyar a la  candidata del PRI a la gubernatura del estado, Blanca Alcalá Ruiz, en el próximo proceso electoral.

La denuncia es en contra de los funcionarios Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional; de Rafael Arroyo León, enlace en el municipio de Cuetzalan del Progreso; de Graciela Juárez García, delegada estatal; de Edith González Pérez, promotora del programa en el municipio de Cuetzalan del Progreso; así como de la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y del Partido Revolucionario Institucional, por violar los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El PAN ofreció como prueba el testimonio de la persona que supuestamente fue presionada con la entrega del programa, quien sería citada a declarar en próximas fechas por la autoridad ministerial.

El PAN dio a conocer el pasado 21 de marzo un audio en el que señala que el servidor público identificado como Rafael Arroyo León, condicionó votos a  favor de Blanca Alcalá Ruiz, al solicitar a las beneficiadas reunir una cantidad determinada de personas para  promover el voto por la candidata del PRI.

El partido agregó que las sanciones establecidas en los artículos 7 y 11 de dicha ley son hasta de nueve años de prisión al servidor público que amenace o condicione los programas sociales con fines políticos.