Migrantes poblanos verán violados sus derechos políticos al negárseles  ejercer su voto en los comicios para elegir al próximo gobernador del estado, reveló la organización Iniciativa Ciudadana Región Puebla.

Guadalupe Cruz, integrante de IC-Región Puebla, confirmó que por lo menos un millón 445 mil 500 migrantes poblanos en Estados Unidos radicados mayoritariamente en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Washington D.C. y Virginia, estarán ausentes en este proceso a la minigubernatura , realizada para emparejar su calendario electoral con el federal que arrancará en el 5 de junio próximo.

Explicó que el argumento del Congreso local es la falta de presupuesto para costear el voto migrante, sin embargo en el proceso de discusión de la Reforma Política realizada en 2015, los derechos políticos de migrantes poblanos no lograron llegar a la Constitución y sólo están contemplados en el Código Electoral en Puebla. “Legisladores se negaron consagrar este derecho en la Constitución, su garantía sólo se quedó en el Código Electoral del estado”, dijo.

Cruz lamentó que esta falta de presupuesto para garantizar el derecho voto no tenga una estimación real, pues el costo del voto del sufragio de ciudadanos poblanos que viven en el extranjero no estaba calculado de forma precisa, sólo había cálculos y aproximaciones del precio de otros países, que referían cada voto en 5 mil pesos.

“Ni siquiera había estudios para decir “no nos alcanza”; sólo citaron experiencias de elecciones que habían utilizado correo postal”, señaló.

Refirió que, en contraste, este año en las elecciones que se llevarán a cabo en Oaxaca y Zacatecas los migrantes de esas entidades sí ejercerán su voto.

Apuntó que legisladores en Puebla prometieron que en los comicios de 2018 se emprenderán acciones para que a los poblanos que viven en el extranjero le sea posible elegir gobernador, presidente de México y senadores.

 La credencialización de migrantes sin la participación de migrantes

 Guadalupe Cruz también afirmó que la histórica credencialización de mexicanos en el exterior que ha emprendido el Instituto Nacional Electoral (INE), se lleva a cabo sin la participación de migrantes.

Fue apenas, el 8 de febrero, cuando el INE comenzó la credencialización sólo en 15 consulados de Estados Unidos, sin campañas informativas, ni de vinculación para dar a conocer este proceso a la comunidad mexicana en ese país aunque en la Unión Americana residen 22.28 millones de mexicanos mayores de 18 años, quienes deben tener acceso a este derecho.

Ante este reto, la defensora de los derechos migrantes, aseguró que para llegar a la comunidad migrante, ciudadanos emprenden la campaña “Yo decido, aquí y allá”  para que al menos exista un padrón electoral para ejercer su voto.

La Organización de Poblanos en el Exterior es una de las organizaciones convocantes para obtener su credencial para votar con fotografía y participar en los procesos electorales, a la que se han sumado otros poblanos como Jesús Pérez, líder migrante que participa en la Cátedra Puebla-Nueva York.

Aunque no hay datos de cuántos poblanos credencializados existen y cómo avanza este proceso, Cruz aseguró que Iniciativa Ciudadana seguirá trabajando para lograr un registro de electores, que en realidad es una la lucha histórica por los derechos políticos del sector.

El INE tampoco ha destinado recursos suficientes para garantizar el acceso de los mexicanos a la credencial de elector en el extranjero, pues apenas designó 199 millones de pesos, equivalentes al 0.02 por ciento de lo enviado por concepto de remesas desde Estados Unidos en 2015.

En ese año, los mexicanos que residen fuera del país enviaron 24 mil 770 millones de dólares (470.6 mil millones de pesos), la mayor tasa desde 2009.

En contraste, el INE otorgó 4 mil 31 millones de pesos a los partidos políticos para el proceso electoral que se llevará a cabo en 2016. Esta cantidad suma 105 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para la organización, garantizar los derechos políticos de los mexicanos en el exterior es, principalmente, el reconocimiento de su aporte al desarrollo del país. No es una concesión de las instituciones, ni de los políticos. “Es una obligación, ” dijo Jesús Pérez.