El ex comisionado de Seguridad para Michoacán, Alfredo Castillo habría negociado con los grupos de autodefensa a nombre del gobierno federal, reveló Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles.

Luego de una solicitud de información, la Secretaría de Gobernación entregó a Radio Fórmula, el único documento firmado sobre los acuerdos con los grupos de autodefensa.

“Esto es una prueba plena porque al estar firmada por autoridades, ese documento alcanza el rango de prueba plena. Lo primero que prueba es que sí hubo negociaciones entre la autoridad y los grupos de autodefensa”, dijo el abogado.

Indicó que el documento probaría que sí se les extendió un permiso, por lo menos de facto, para poder poseer y portar armas, y que las autoridades que firman no tenían capacidad legal para hacer ese tipo de acuerdos.

Aseguró que Alfredo Castillo está incurriendo en falsedad de declaraciones, y que se les hizo creer a los grupos de autodefensa que la portación de armas estaba justificada.

“La defensa lo va a retomar, lo va a presentar ante el Juzgado Quinto Penal, solicitando al juzgado que ponga el original Gobernación a su disposición y vamos a solicitar una prueba caligráfica de la firma de Alfredo Castillo y de las autoridades que firman ahí y también vamos a citar a algunos de los nombres que están ahí firmados como es la señora Morera e Hipólito Mora, para que corroboren que el documento es verídico y que sí se plasmaron las firmas y que son de ellos”, dijo.

El abogado dijo que el objetivo es probar que ya existía un acuerdo firmado en un documento y que siempre estuvo ahí.

“Un documento por lo menos del inicio de las negociaciones de los grupos de autodefensa con el gobierno federal y el gobierno del estado y eso esperamos que ya le genere por fin la convicción plena al juzgador de que nuestro cliente, el doctor Mireles y las demás autodefensas, sí estaban autorizadas a portar armas y esta autorización, a pesar de no tener sustento legal porque quienes firmaron no tenían atribuciones para hacer eso, al final de cuentas tiene un efecto que los excluye del delito del que los están acusando”, dijo.

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