Aunque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), después de 10 meses, celebró la audiencia del caso de Alberto García Vera, despedido por el gobierno del estado, no dio una fecha para el desahogo de pruebas.

El abogado de García Vera, Darío Rojas aseguró que será necesario un segundo amparo para que el caso, que ya ha tenido un retraso de más de 10 meses, sea atendido conforme a derecho pues este nuevo retraso podría extenderse nueve meses más.

Hasta antes de las 10:00 de la mañana de este jueves, abogados de Alberto García habían sido notificados de que el expediente “estaba perdido”, sin embargo y pese a los pequeños tropiezos, la audiencia fue celebrada.

Representantes de  organizaciones civiles, activistas y ex burócratas se apostaron frente a las instalaciones de la JLCA para acompañar al primero de más de 200 casos de ex burócratas que fueron despedidos con el argumento de insuficiencia presupuestaria.

“Recurriremos a la justicia federal; es claro que el tribunal local busca paralizar el proceso legal. Autoridades laborales prometieron emprender un estudio del caso, que dicen no tienen claro, para entonces emitir el proceso de desahogo. Si fuera por ellos, estos despidos nunca serían juzgados”, dijo el abogado Darío Rojas.

Esta primera audiencia fue posible por mandato de un amparo que señaló al presidente de la JLCA su actuación fuera de la ley y le pidió rectificar su conducta pues la justicia tiene que ser rápida y expedita.

Para Rojas, este nuevo aplazamiento es sólo el dictado del gobierno del estado para desgastar a ciudadanos que laboraron en la administración gubernamental y que se han atrevido a denunciar.

“Yo le pido al señor gobernador que sea flexible… que no nos haga dar vueltas”, fue el mensaje de Alberto García Vera, quien por 16 años se desempeñó como auxiliar de archivo en el Periódico Oficial en la Secretaría de Gobernación, pero desde hace 35 años labora para el gobierno del estado y fue despedido sin que se pagaran sus prestaciones y liquidación correspondientes.