El gobierno del estado tendrá que cumplir con la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió a favor de la empresa TAPSA, la cual nuevamente tendrá la operación de cuatro plantas de tratamiento de agua, comentó el diputado local del PRD, Ignacio Mier Bañuelos.

A decir del legislador, la decisión del máximo tribunal no es un “golpe político” para la administración de Rafael Moreno Valle, sino un “revés jurídico” que se generó porque la empresa consideró que la decisión tomada por el gobierno afectó sus intereses.

“Lo del asunto de las plantas tratadoras se tendrá que acatar, la disposición de la Suprema Corte de Justicia, más que un golpe político es un revés jurídico”.

Mier Bañuelos, identificado como un diputado afín al morenovallismo, aseguró que no es momento para señalar si la determinación que tomó el gobierno estatal fue mala o iba en contra de los acuerdos a los que se llegaron con TAPSA.

En noviembre de 2012, el gobierno del estado notificó a la empresa Tratamiento de Agua de Puebla S.A. de C.V. (TAPSA) de la cancelación anticipada del contrato de financiamiento, construcción, equipamiento, tecnología y operación de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en la capital.

Ante esta situación, la particular acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) a devolver de “inmediato” las plantas de tratamiento y cubrir los pagos íntegros por concepto de tratamiento de aguas residuales del 1 de marzo de 2012 a la fecha.