El gobierno debe garantizar que niñas, niños y adolescentes migrantes jornaleros agrícolas accedan a educación inicial y básica de calidad, ya que cada año, unos 300,000 menores abandonan sus comunidades de origen con sus familias en busca de trabajo e ingresos, indica la diputada Claudia Corichi García.

Los menores provienen de comunidades indígenas, y migrar a los estados del norte del país les representa cambios en sus costumbres, cultura e idioma.

Muchos de ellos dejan sus lugares de origen para trabajar en el campo desde muy pequeños.

Por ello, plantea que la educación a la que tienen derecho debe contener propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas, para atender la interculturalidad en el aula, organización y metodología multigrado y perspectiva de derechos humanos y género.

Alrededor de 42% de las hijas e hijos de jornaleros padece algún grado de desnutrición, y se estima que menos de 10% asiste a clases por complicaciones administrativas, debido al cambio de lugar de residencia.

Indica que en este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país, pues la inasistencia escolar también está relacionada con el inicio de sus actividades laborales.

Explica que los niños que inician su primaria en las entidades expulsoras la terminan en otra entidad, y queda infraestructura subutilizada, mientras que en los estados de atracción migratoria aumenta la presión para atenderles, lo que constituye un riesgo para ofrecer un servicio de calidad y equidad a la población infantil jornalera migrante.

Considera que un programa que atienda a este sector “no es cuestión de modas ni de gobiernos” y su instrumentación no debe dejarse sujeta a cambios sexenales, para garantizar que la educación llegue a este segmento de la población.