Raúl Pérez Velázquez afirmó que tras obtener su libertad no tiene ningún impedimento legal para retomar el cargo de presidente auxiliar de San Miguel Canoa, no obstante, dijo que su reinstalación será una decisión que tomará la población de este lugar en una próxima asamblea.

Pérez obtuvo su libertad el pasado 24 de diciembre, tras permanecer 14 meses en prisión, después de que se opuso a la aplicación de reformas a la Ley Orgánica Municipal aprobadas a finales de 2013.

Actualmente, la presidencia de la junta auxiliar de Canoa está a cargo del edil suplente Félix Flores García, quien despacha desde un domicilio particular, pues ante la aprehensión de Raúl Pérez en octubre de 2014, la población cerró la presidencia.

Este lunes, Pérez otorgó una entrevista tras acudir al Juzgado Tercero de Distrito, en la que afirmó que no hay ningún impedimento legal para que asuma nuevamente el cargo de edil auxiliar.

Explicó que fue acusado de los delitos de peculado, privación de la libertad y robo, de los que demostró su inocencia en el primero pero aún tiene pendientes dos procesos por resolver, no obstante, previó que estos serán solventados a su favor.

En este sentido, dijo que “por derecho” le corresponde retomar el cargo de presidencia auxiliar, empero, comentó que será la ciudadanía la que determine esta posibilidad en una asamblea a realizarse en los próximos días.

“No es que tenga interés, simplemente tengo derecho de salir absuelto y jurídicamente de asumir la presidencia y será la comunidad quien decida si regreso”, declaró, acompañado de una decena de habitantes de su comunidad.

Raúl Pérez evitó señalar si es un “preso político” de la actual administración estatal, después de que el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla señalara en un informe que durante la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle (2011-2015) se contabilizan 231 “perseguidos”.

De igual manera, dijo que ya no forma parte de la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), organismo que aglutina a los ediles auxiliares que se oponen a las reformas a la Ley Orgánica Municipal, pues indicó que luchará por los derechos de los habitantes de Canoa pero por la vía jurídica.

Por otra parte, advirtió que presentará demandas en contra de las dos personas que, dijo, le fabricaron delitos para que fuera aprehendido, quienes son Constantino Pérez y Agustín Torres.

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