Entre personas procesadas y órdenes de aprehensión libradas, suman 231 ciudadanos afectados por la política de represión utilizada por el gobernador Rafael Moreno Valle en el transcurso de su sexenio.

Así lo acusaron los integrantes del Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, quienes este domingo realizaron un “contrainforme” de los cinco años de gestión del gobernador poblano.

Será este viernes cuando Moreno Valle rinda su quinto informe de labores al frente de la administración estatal poblana, evento que se llevará a cabo en la explanada del nuevo Museo Internacional Barroco (MIB).

Rebasan dos centenas los perseguidos

En un evento que este fin de semana se desarrolló en el Parque 68 de la colonia Xonacatepec, Carolina Barranco y Aranza Vargas, ambas integrantes del Comité, señalaron que en los cinco años de gestión del gobierno actual suman 231 personas afectadas por su la política de represión.

De la cifra total, 131 personas ya fueron procesadas y 81 casos corresponden a órdenes de aprehensión liberadas en contra de igual número de personas.

Actualmente hay 17 “presos políticos”, de los que seis son mototaxistas que fueron apresados por su oposición al retiro de ese transporte, cuatro integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, tres personas relacionadas con bloqueos de la Línea 2 del Metrobús, dos presidentes auxiliares y dos habitantes del municipio de Felipe Ángeles.

A lo anterior, apuntaron, debe sumarse el caso de Delfino Flores Melga, hombre nonagenario quien murió en prisión; asimismo, el procesado Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan, quien falleció meses después de haber sido liberado, ante las secuelas físicas y emocionales que le causó el estar en prisión, según refirieron sus familiares.

De igual manera recordaron el caso de Enedina Rosas Vélez, opositora al Gasoducto Morelos, quien está libertad bajo caución.

Las activistas indicaron que el gobierno de Moreno Valle también mantiene en prisión a 17 pobladores de San Andrés Azumiatla aprehendidos durante la gestión del ex gobernador Mario Marín Torres, sin que exista razón para que continúen encarcelados.

Los acusan hasta por robar un celular

Los integrantes del Comité indicaron que las acusaciones que el gobierno del estado ha ocupado para encarcelar a los opositores caen en lo absurdo, pues estás van desde el robo de celulares, hasta cargos graves como la conspiración, tráfico de estupefacientes, obstrucción a la vía pública o motín, por los que, los implicados pueden alcanzar hasta sesenta años de prisión.

Por otra parte, las fianzas que los afectados tuvieron que pagar para obtener su libertad oscilaron entre los 10 mil y hasta los 500 mil pesos, afectando con ello también su economía.

Prevalece postura intolerante hacia la crítica

Los activistas acusaron que lo anterior es muestra de que “en Puebla ha predominado una postura intolerante, insensible y lasciva hacia los ciudadanos que han manifestado oposición o crítica hacia las acciones impuestas por el mandatario estatal”.

Para el Comité, el año que resta de la gestión de Moreno Valle será peor en materia de represión, ante reformas que en la entidad se han aplicado como la creación de la Fiscalía que encabeza el antes procurador de Justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget, hecho que dijeron, conducirá  a la existencia de nuevos presos y perseguidos políticos. 

Para consultar la lista completa haga clic aquí.