La juez Rosa María Cervantes Mejía aseguró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no pudo acreditar los delitos electorales que le imputó a Arturo Escobar, ex funcionario de la Segob y militante activo del Partido Verde Ecologista de México.

Argumentó que las acusaciones de la Fepade no se ajustan al Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El Artículo 15 indica que es ilegal que una persona por sí misma o con ayuda de terceros

“destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie en favor de algún precandidato, candidato o partido político”, cuando existe prohibición legal para ello, o cuando se usen recursos ilícitos.

De acuerdo con la juez, el Ministerio Público de la Federación no pudo acreditar la procedencia ilícita de los recursos con los que se realizó el contrato entre el Verde y la firma que le dio las tarjetas de descuento Premia Platino.

Según los especialistas, la Fepade se equivocó, pues la imputación que se ajustaba a la conducta delictiva denunciada por Julisa Mejía Guardado, ex diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  era una posible violación al Artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pues habría usado datos personales para el reparto de propaganda del PVEM.

El Articulo 13 indica que el mal uso de los datos personales contenidos en el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o Listado de Electores debe sancionarse con penas que van de tres a siete años de prisión, las cuales se aplican a cualquier persona que “altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza”.

Cuando se trate del caso de un directivo partidista, como Arturo Escobar, la pena se incrementa en un tercio de lo ya señalado, es decir, de cuatro a nueve años de cárcel.

Julisa Mejía, diputada federal del PRD, recibió en su domicilio particular una de las tarjetas de descuentos que estaba entregando el Partido Verde, y presentó una denuncia penal, argumentando una violación a sus datos personales.

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