El gobierno del estado se verá obligado a pagar a los agentes subalternos del Ministerio Público, una vez que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró  inconstitucional que dicho cargo sea considerado como “honorífico”, es decir, sin recibir ninguna retribución.

El fallo de la Corte, aprobado el 16 de junio pasado, ingresó apenas la tarde del miércoles al Congreso, por lo que la actual legislatura tendrá que corregir la reforma que hizo en noviembre de 2013 a los artículos 110, 111 y 112 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, que contempla la exención del pago.

La declaratoria de invalidez al artículo 111 se originó por la acción de inconstitucionalidad 3/2014, la cual fue promovida en enero de 2014 por Jesús Murillo Karam, otrora Procurador General de la República.

Todos los servidores deben recibir pago: SCJN

El proyecto a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, advierte que el cargo honorífico establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla se contrapone al artículo 127 constitucional, el cual señala que “todos los servidores públicos” deben recibir una “remuneración” por desempeñar su tarea.

“No resulta asequible que el cargo de agente subalterno del Ministerio Público sea honorifico, máxime que sería desproporcionado que dichos servidores públicos cuenten con el cúmulo de obligaciones que establece que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla les impone, sin que reciban remuneración alguna por el desempeño de tales funciones de procuración de justicia, mismas que, como se ha señalado, pueden dar lugar, inclusive, a responsabilidad administrativa”,  precisa la sentencia.

La reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la impulsó en 2013 el exdiputado del PRI, Gerardo Mejía Ramírez, quien en su gestión como integrante de la LVIII Legislatura ocupó la presidencia de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El proyecto que Mejía Ramírez presentó ante el pleno del Congreso tendría como fin regular la designación de los agentes subalternos del Ministerio Público.

Los nombramientos de dichos funcionarios dependen directamente del Procurador General de Justicia, quien se basaría en los exámenes de destreza y conocimientos aplicados por el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGJ.

Los agentes subalternos del Ministerio Público durarían en el cargo tres años como máximo y para lograr la designación se estableció una serie de requisitos, entre ellos, el ser ciudadano mexicano, acreditar el curso de instrucción básica, aceptar ser sujeto de capacitación permanente y no haber sido condenado por delitos dolosos.