Adán y Paul Xicale, activistas del movimiento ciudadano por una Cholula Viva y Digna, solicitarán la reparación del daño moral por los 13 meses que estuvieron en prisión de manera injustificada.

La demanda será contra el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés, Cholula, dado que son las autoridades que los señalaron por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal.

De igual forma la defensa de Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, presentará una denuncia por tortura, contra el gobierno estatal por retrasar el tratamiento médico que necesita el líder de la organización 28 de Octubre.

Pedirán reparación del daño

Este domingo durante una rueda de prensa del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), Adán Xicale Huitlé señaló que con los amparos que se tramitaron a su favor queda demostrado que ni él ni su hijo Paul cometieron delito alguno para que los detuvieran.

De tal forma que exigió al juez penal de Cholula que dicte el auto de formal libertad para él, su hijo Paul y Teódulo Cuaya, así como que niegue las órdenes de aprehensión y decrete la extinción de la acción persecutoria contra Leonor Romero Balseca, Armando Pérez, Paola de la Concha, Édgar Larriñaga, Víctor Blanco, Braulio Coyopol, Karina Pérez y Roberto Formacio.

Adán Xicale, abogado de profesión, adelantó que "por lo injusto y arbitrario de las acusaciones que hicieron los policías municipales y los funcionarios" solicitará la reparación del daño y perjuicios morales por los 13 meses que él y su hijo Paul pasaron en prisión.

Acusarán a las autoridades

Al ayuntamiento, dijo,  porque fueron los funcionarios que los acusaron tras la toma pacífica de la presidencia municipal de San Andrés Cholula y contra el gobierno del estado por utilizar a la Procuraduría y Ministerio Público contra los luchadores sociales.

"Lo que nos interesa es que una autoridad determine le culpabilidad de los que nos acusaron. Obviamente si hay un respuesta económica es válida, pero de entrada no nos interesa el dinero, sino que se les finque responsabilidad porque ellos nos acusaron de ciertos hechos delictivos y los juzgados federales determinaron que no hicimos nada", agregó el activista.

Adán y Paul Xicale, así como los hermanos Albino y Primo Tlachi, fueron arrestados el 7 de octubre de 2014 acusados der motín, daño en propiedad ajena doloso, despojo y ataques a las vías generales de comunicación y a medios de transporte.

Sin embargo los Tlachi salieron de prisión el 25 de marzo tras ganar un amparo y los Xicale salieron bajo fianza el 30 de noviembre, acusados todavía por  motín y daños a la presidencia.

Informaron también que solicitarán que se revoquen los permisos de construcción a las obras que realiza el Comité Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), porque no existe autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Denuncian tortura contra  Simitrio

Por su parte, Rita Amador y Tonatiuh Sarabia, esposa e hijo de Simitrio, de manera respectiva comentaron en ese mismo evento que a pesar de que médicos del gobierno del estado reconocieron que el dirigente de la 28 de Octubre requiere exámenes médicos, no se los han hecho.

De acuerdo a estudios particulares Simitrio tiene encefalopatía hepática e hipertensión, de tal forma que su médico teme que en cualquier momento pueda fallecer.

Tonatiuh Sarabia Amador, también abogado, dijo que ante esta situación se podría interponer una denuncia por tortura, dado que se está incurriendo en negligencia al retrasarle el tratamiento y que sufra.

Puso como ejemplo que las operaciones de las várices esofágicas se le practicaron tres meses después de lo solicitado, por lo cual considera que con estos nuevos análisis pasará algo similar.

En el aspecto legal, detalló que han ganado los amparos interpuestos contra las órdenes de aprehensión y la nueva sentencia, de tal forma que están esperando que se agoten los recursos de revisión.

Condenan designación de Carrancá

En cuanto a la designación de Víctor Carrancá Bourget como fiscal hasta 2022, los integrantes del Fosyppue condenaron la decisión del Congreso, dado que aquél promovió la detención de 242 luchadores sociales.

Señalaron que con el cambio de personalidad jurídica de procurador a fiscal se perpetuará a Víctor Carrancá en el poder, como un premio por haber fabricado los delitos y obsequiado las órdenes de aprehensión contra los presos políticos y perseguidos del sexenio.

Tonatiuh Sarabia señaló que de este modo el gobierno da una advertencia que busca imponer un maximato, para que el que llegue como próximo gobernador no tenga la posibilidad de tomar decisiones libremente.