Pese a que un juez federal ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que restituyera el inmueble del que fueron desalojados los activistas, Mariel Guadalupe Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, la autoridad local se negó a dar cumplimiento, con la excusa de que tiene mucho trabajo y se involucra un asunto que no es de su materia, es decir, de derechos humanos.

En rueda de prensa, Sampedro Morales explicó que el pasado 30 de noviembre el Juzgado Primero de Distrito del Centro auxiliar de la Segunda Región notificó la sentencia del juicio de amparo 1866/2015, que fue interpuesto contra el desalojo hecho el pasado 12 de agosto y que fue ordenado por el titular del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera, cuyo titular es Ismael de Gante López.

En la resolución, el Poder Judicial Federal le solicitó al juez local que dejara sin efecto el desalojo, a fin de que Bonilla Dumit y Sampedro Morales pudieran regresar a su domicilio mientras se resuelve el juicio contra la empresa Zendere, la cual se dedica al cobro de cartera vencida y pretende apropiarse del inmueble para revenderlo.

Los activistas iniciaron el pleito legal para que la casa no sea vendida (se encuentra intestada), por lo que el juicio aún no se resuelve.

A pesar de lo anterior, el 12 de agosto los integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) fueron desalojados de la vivienda. Ese mismo día denunciaron ante Guillermo Morales Rodríguez, de la Secretaría Adjunta del TSJ que estaban actuando con ilegalidad; sin embargo, el funcionario permitió que culminara el desalojo forzado y se violaran los derechos humanos de los quejosos.

Luego que los afectados ganaran el amparo, el juez Ismael de Gante les notificó que no podía dar cumplimiento a la sentencia y se justificó con estos motivos:  “Esta sentencia se emite hasta esta fecha, en virtud de la excesiva carga de trabajo del juzgado y por la complejidad del fondo del asunto, en atención a que se pretendía involucrar Derechos Humanos (sic)”.

En ese sentido, los quejosos manifestaron que “la carga de trabajo es un argumento constante en la morosidad de impartición de justicia” para favorecer a la otra parte que se disputa el domicilio.

“A quienes están beneficiando es a un grupúsculo de especuladores inmobiliarios, en una red altamente organizada que pasa desde lo público por  lo privado,” agregaron los activistas desalojados.

“En nuestro caso, es un particular asociado. Nosotros insistimos en la tesis de que no es un particular cualquiera, sino más bien es un prestanombres que se colude con otro despacho que se llama Beltrán Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cuyo titular es Fernando Javier Beltrán Villagra que son los que reciben la cesión de la empresa Zendere”, dijeron.

Concluyeron que  Zendere es “una empresa que se dedica a hacer cobro de cartera vencida y cuyos miembros fueron directivos de HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgó el crédito hipotecario a los padres de Mariel en 1990 para que, con una inversión, de 35 mil pesos, se adjudicar una vivienda de la cual se pretende obtener un lucro  de más del 1000 por ciento de su inversión inicial.”