Alianza Cívica advirtió que las elecciones de 2018 podrían caracterizarse por la compra de votos y la violencia.

La organización reveló que esa fue la tónica en los comicios federales del 7 de junio de 2015 y que el escenario está latente en las presidenciales que se avecinan.

Alertó que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización.

“La compra y coacción del voto sigue siendo un tema pendiente, que afecta la equidad del proceso electoral.Prácticamente todos los actores entrevistados denunciaron este tipo de prácticas: amenazas a los beneficiarios de programas sociales o de quitarles los permisos a tianguistas, transportistas, o los programas de apoyo al campo”, dijo.

De acuerdo con el portal Sinembargo, la organización advirtió que se registró también el uso de la policía y fuerzas militares para intimidar a la población en zonas donde el voto no era favorable al partido que gobernaba.

La compra del voto, según Alianza Cívica, fue una constante a lo largo del país, en sus distintas modalidades y se pagó por cada sufragio entre 500 y 2 mil pesos. La zona en la que pagaron menos por un voto fue en Guerrero, en donde dieron 50 pesos por un sufragio. En cambio en Sonora, se vendieron hasta en 2 mil pesos.

El estudio de Alianza Cívica, prosigue la nota de SinEmbargo, se realizó en 22 municipios de 10 estados: Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, en Guerrero; Pinotepa Nacional, Oaxaca; Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe, en Nuevo León; Saltillo, Monclova y Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Durango, Durango; Cd. Juárez, Chihuahua; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Ecatepec, Estado de México, y Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora.

Según el estudio, en cada uno de los municipios se dio seguimiento a las prácticas de compra o coacción del voto; ya sea en efectivo o mediante la utilización de programas sociales de los distintos niveles de gobierno, a los actos de violencia antes o durante la jornada electoral, al desempeño de las autoridades electorales y una sistematización incipiente de la percepción de la ciudadanía sobre la relación de candidatos con el narcotráfico.

Alianza Cívica indicó que 26 por ciento del total de los entrevistados señaló que supieron de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pudiera realizar libremente sus campañas en municipios de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Coahuila.

En cambio, 21 por ciento dijo que supo de grupos que impidan el desplazamiento de promotores de campaña en Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Edomex, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Coahuila.

En entidades como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, entre otras de las ya mencionadas, los encuestados dijeron haberse enterado de que algunos partidos o promotores de campañas tuvieron que negociar con grupos para poder entrar al territorio.

En los diez estados en los que se llevó a cabo la investigación, el 40 por ciento de los entrevistados, consideró que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal; y el 37 por ciento indicó que la delincuencia organizada, pudo haber influido en la selección de algún candidato.