En los últimos años ha crecido de manera alarmante la cifra de las mujeres en reclusión, pues de 1997 a 2013, la población femenil de los penales creció a un ritmo del 175.04 por ciento, con el mayor número de presas en Estado de México, Jalisco, Distrito federal, Puebla y Baja California, alertó la senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Durante el foro “Mujeres en el sistema penitenciario: el reto de impartir justicia con perspectiva de género”, senadores, autoridades del sistema de justicia penal, derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, resaltaron la urgencia de impulsar una política penitenciaria que incluya las necesidades de las mujeres en reclusión ante el aumento desmedido de estas en los penales.

La legisladora panista dijo que en lo que respecta al género femenino, se mantiene una tendencia de entre cuatro y cinco por ciento de la población penitenciaria total al año, pues de las 254 mil 469 personas que purgan condenas, 13 mil 448 son mujeres.

Ortega precisó que las entidades con mayor concentración en el número de reclusos son Estado de México, Jalisco, Distrito federal, Puebla y Baja California, por lo que consideró necesario buscar mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en prisión.

En tanto, la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, consideró urgente contar con medidas alternativas a la prisión preventiva y evitar que haya mujeres privadas de su libertad, ya que miles están afectadas por las condicionen en las que viven.

Éstas se encuentran en condiciones en las que no se garantiza, en lo más mínimo, sus derechos humanos, señaló, por ello en necesario que se revisen los cambios a la legislación para garantizar mejores condiciones para ellas en los centros penitenciarios.

Por su parte, Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, dijo que el instituto lleva aproximadamente 80 por ciento de las acusaciones en materia penal federal, y de éstas, 10 por ciento son casos de mujeres.

Consideró que los defensores públicos del Instituto deben tomar en cuenta otros aspectos que vulneran los derechos de las mujeres en los centros penitenciarios, como por ejemplo si son indígenas, por lo que se encuentran en un proceso de preparación en materia de defensa penal con perspectiva de género.