Mientras el Proyecto Integral Morelos sigue avanzando con uso de la fuerza pública y amenazas de represión en los estados de Morelos y Tlaxcala, en Puebla el acoso judicial continúa contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Avelino Velázquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.

Así lo afirma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) que en un comunicado de prensa agrega que como parte de la implementación del Proyecto Integral Morelos, en Puebla comenzó desde el 2014 un proceso de judicialización de los opositores al proyecto, por medio de la apertura de expedientes penales absurdos, en donde los mismos trabajadores de las empresas interesadas en la construcción del Gasoducto Morelos, como Bonatti y CFE, declararon que los defensores los agredieron, robándoles o privándoles de su libertad.

El Frente refiere los casos de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, en donde asegura que la CFE ocupó a los trabajadores Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, para inculpar penalmente a las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, como también al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac Avelino Velázquez Tapia, a Eusebio Torres Aguilar y Adela Ramos Villalba originarios de San Lucas Tulcingo, así como a Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís, miembros del FPDTA, acusándolos de los delitos de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo.

Acusan que las autoridades civiles y agrarias  de San Lucas Tulcingo acordaron junto con la CFE el paso del proyecto del gasoducto, bajo una negociación de presión en la que los trabajadores de la CFE otorgaron supuestamente el perdón a todos los perseguidos por la causa 19/2015, y las autoridades civiles y agrarias por su parte firmaron un acuerdo del paso del Gasoducto con la CFE por obras  de electrificación en la comunidad, ambos documentos con la misma fecha de firma.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala asevera que  estos actos han comenzado a ser documentados y enviados a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para su estudio y aceptación del caso.  La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, gira en torno a los riesgos del funcionamiento del Gasoducto en la comunidad de San Lucas Tulcingo y la persecución de los defensores de la tierra y el agua que no les permite defenderse física y legalmente ante los inminentes abusos de autoridad del gobierno, abusos sustentados en pruebas documentales públicas que demuestran un patrón de conducta ilícita de persecución en contra de Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Avelino Velazquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.