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Funcionario de Sonora se robó a una menor y luego la vendió
“A mi nieta se la robó Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ese funcionario que ahora está acusado de vender niños”, denunció María Concepción Parra Serrano.
La señora, de 50 años de edad, vive en una humilde casa de retazos de lámina de cartón y madera en la populosa invasión Combate, ubicada a la salida norte de esta capital.
Relató que con engaños, el 7 de mayo de 2013 su hija Francisca Guadalupe Campos Parra entregó al DIF a su nieta que lleva por nombre Rosario Imelda Campos Parra.
A los 27 años, Francisca Guadalupe, con problemas de drogadicción, dio a luz a su hija el 18 de julio de 2012 en la Comisaría Miguel Alemán de la costa de Hermosillo. Luego de cuatro meses, la señora María Concepción se hizo cargo de la nena, ya que su hija no la podía cuidar.
Francisca Guadalupe regresó por la niña el 6 de mayo de 2013 y al día siguiente la entregó al DIF.
El 9 de mayo, María Concepción se enteró que la niña fue entregada al DIF y llevada a la casa hogar Unacari, por lo que el 10 de mayo acudió al sitio a reclamarla, pero no le dieron información de la menor.
La mujer recordó que se entrevistó con Vladimir Arzate Carbajal, subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quien le mostró el expediente y le señaló la firma de su hija y dos testigos. Había perdido todos los derechos.
“La niña fue entregada voluntariamente, nadie se la quitó”, le dijo el funcionario con un folder con papeles.
Aun así le pidió que la asesorara para quedarse con su nieta y que le permitiera verla, pero fue inútil, Arzate Carbajal le aseguró que la menor tenía un problema en la cabeza y que había sido trasladada al hospital infantil.
“Yo sabía que no tenía problemas de salud porque la cuidé por varios meses, estaba sana”, explicó la señora Parra Serrano.
Luego de pedir ayuda a una abogada social en agosto de 2013, Arzate Carbajal les informó que había contactado al padre de la pequeña que estaba preso y en el reclusorio, y que, junto con la madre, habían firmado un documento para enviarla a Sinaloa con los abuelos paternos.
Esa fue otra mentira, “porque el padre nunca la reconoció, no hubo firmas”, dijo María Concepción.
La abogada y la abuela regresaron una y otra vez a Unacari a buscar a Rosario Imelda, hasta que un día Arzate Carbajal les dijo que no había expediente de la niña. La abuela recordó que una trabajadora social de Unacari le advirtió que había otros niños perdidos con todo y expediente.
Luego, en agosto de 2014, acudieron con el Procurador de la Defensa del Menor, quién les reiteró que no tenían conocimiento del caso.
“Nos la robaron, tenía 10 meses cuando la vi por última vez y ahora tiene tres años. Si alguien la tiene, por favor regrésemela, déjenme verla y saber cómo está”, imploró la abuela.
Al enterarse que al menos nueve niños pudieron ser objeto de venta, Parra Serrano exigió a las autoridades que se investigue dónde está su nieta, ante la sospecha de que sea una de las víctimas de Arzate Carbajal.
Recuperan tres niños. El director del DIF Sonora, Agustín Blanco Loustaunau, informó que ya fueron recuperados y puestos en custodia tres niños que fueron vendidos por el ex procurador de la Defensa del Menor y la Familia y Coordinador de la Línea Protege de esa institución, Vladimir Arzate Carbajal.
Se trata de dos niñas y un niño de entre uno y tres años de edad, que son parte de los nueve menores detectados como vendidos por el ex funcionario que realizó operaciones ilegales con los menores desde 2012.
Ayer, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió al gobierno “investigar de forma profunda e inmediata” la red de corrupción implicada en el tráfico de niños en Sonora que “muestra la discriminación institucional, denunciada en todo el país, en contra de mujeres pobres”.
A través de un comunicado señaló que “preocupan los visos de impunidad y complicidad que permitieron que dos funcionarios —Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora— estén prófugos y no se investigue la red de corrupción en instituciones públicas”.
Crédito de la foto Amalia Escobar/EL Universal
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