La esposa de Héctor Ávila Hernández, jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), desmintió que haya otorgado su perdón para que el funcionario saliera del reclusorio de San Miguel, por lo que se dijo desconcertada por la liberación y pidió a las autoridades que su caso no quede impune.

Antier este medio de comunicación dio a conocer que, el pasado viernes, la Policía Ministerial ejecutó una orden de aprehensión contra el servidor público, acusado del delito de violencia familiar.

Fuentes policiacas aseguraron que un juez le concedió el derecho de obtener su libertad mediante el pago de una fianza, por lo que también acordó llegar a un arreglo con su esposa y de esa manera abandonó el penal.

Gabriela Martínez González, la esposa, sostuvo que no piensa otorgar el perdón, ya que durante 23 años, ella y sus dos hijos fueron víctimas de agresiones físicas, verbales y psicológicas, lo que les causó mucho daño. Es por ello que el pasado mes de febrero ya no quiso quedarse callada y decidió denunciarlo ante las autoridades ministeriales.

Comentó que el año pasado se separó de él y desde entonces el servidor público se desentendió de sus obligaciones, por lo que ya no cubre los gastos de alimentación, estudios y otras necesidades de sus dos hijos que son universitarios.

Los problemas económicos, sumados a la violencia e irresponsabilidad de Ávila Hernández, fueron otra de las razones por las que Gabriela lo denunció confiando en que las autoridades aplicarían las leyes.

Su denuncia, presentada inicialmente en la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, fue remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y de ahí fue consignada al Juzgado Cuarto de lo Penal, donde apenas el viernes pasado se libró la orden de aprehensión derivada del proceso  253/2015.

Tras ser detenido, Héctor Ávila fue ingresado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de San Miguel (Cereso), pero por presuntas influencias quedó en libertad al día siguiente, luego que además pagara una fianza de aproximadamente 55 mil pesos, mencionó Martínez González.

Lo anterior desconcertó a la mujer, quien cuestionó si sus derechos como mujer y como ser humano no son tomados en cuenta y si pueden pesar más el cargo público y las influencias de su ex pareja.

Mencionó que en el proceso hubo varias irregularidades, pues indicó que en el juzgado han actuado más a favor de Ávila Hernández y han ignorado los únicos testimonios que ella presentó como pruebas contra el acusado.

La afectada agregó que, incluso para defenderse, Héctor Ávila ha declarado que no tiene dinero para darle a su familia -cuando ocupa un puesto de jefatura después del director de la Policía Ministerial-. Además, ha tratado de intimidarla diciéndole que nadie le va a hacer caso porque él goza se tener cierto poder y autoridad.

Dijo que, a pesar de las anomalías que ha habido, confía en que el juez haga justicia y dicte auto de libertad contra el funcionario el próximo viernes, pues ese día resolverá su situación jurídica.