El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó ante la secretaría general del órgano legislativo una demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien se responsabiliza por ‘‘graves violaciones a la Constitución en materia de derechos humanos, a las leyes federales sobre protección de víctimas, de periodistas, y de seguridad pública’’.

Miguel Alonso Raya, coordinador del sol azteca en San Lázaro, expuso que Veracruz vive un ambiente de violencia grave, objetiva, sistemática y generalizada en contra de diversos sectores de la sociedad. Y a lo anterior, señaló, se suma el manejo indebido de recursos públicos federales en materia de seguridad pública, dejando con ello en la indefensión a la sociedad en este terreno.

Lo que se acredita en la demanda contra Javier Duarte son violaciones a los derechos humanos, ausencia de garantías para la seguridad personal y el incumplimiento de las obligaciones del gobernador para garantizarlo.

‘‘El estado de Veracruz está catalogado como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo, y desde el año 2011 en el estado se han documentado los casos de 14 periodistas asesinados durante el ejercicio de su profesión. En todo el país, de 2000 a la fecha han sido asesinados 88 periodistas.’’

El político guanajuatense indicó que desde 2010 –año en que Javier Duarte de Ochoa asumió el cargo de gobernador del estado– a la fecha se han documentado por la prensa y por organizaciones independientes defensoras de los derechos humanos 140 ataques a periodistas en la entidad, incluidas 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 18 amenazas, 15 actos de intimidación o presión, seis desplazamientos forzados, cuatro desapariciones, tres secuestros y 14 asesinatos, así como las muertes de dos corresponsales de un diario veracruzano en los límites entre Veracruz y Oaxaca.

A todo lo anterior se suma el manejo indebido de recursos públicos federales en materia de seguridad pública por parte del gobernador de Veracruz, que ha contribuido directamente al estado de inseguridad que priva en la entidad. Según el informe del Resultado de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, al 31 de diciembre de 2013 la entidad federativa no había ejercido 70.8 por ciento de los recursos transferidos a los rubros de seguridad pública y se transfirieron 114 millones de pesos a cuentas no autorizadas provenientes del subsidio para la seguridad pública en materia de mando policial.

Recursos sin aplicar

‘‘En consecuencia, los subejercicios y malos manejos que señalan la ASF y el Observatorio de las Finanzas Públicas de Veracruz indican que los recursos federales y estatales no fueron ejercidos para garantizar los fines de la seguridad pública; con ello, el gobernador provocó que los gobernados se hayan quedado en estado de indefensión en torno a su seguridad personal, ocasionando perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho.’’