En México no existe cobertura universal de salud tal como se estableció mediante la reforma a la Ley General de Salud de 2003. Hasta 2012 una de cada 5 personas en nuestro país estaba excluida del acceso a los servicios de salud, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Adicionalmente el sistema público de salud en México presenta un padecimiento crónico de inequidad que produce desigualdad de trato para quienes viven en situación de pobreza, especialmente para la población indígena y en zonas de alto rezago social.

Por ello y para avanzar en el objetivo de promover el ejercicio de derechos sociales, las organizaciones integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentan la campaña “Cero Listas de Espera”, enfocada a promover el acceso efectivo a la salud de toda la población, especialmente para quienes viven en condición de pobreza.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones civiles y grupos ciudadanos en todo el país, interesados en participar en este ejercicio de observación ciudadana para vigilar al menos 300 establecimientos de salud en al menos 25 de las  234 jurisdicciones de salud en todo el país, en al menos 17 entidades federativas, durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.

La actividad principal de esta campaña es la medición independiente de algunas variables básicas de acceso efectivo a la salud a través de una metodología probada y basada en “tarjetas de medición ciudadana” (conocidas internacionalmente como “citizen scorecards”). Este ejercicio de vigilancia, busca evidenciar rezagos y dilación que persisten en la atención en los servicios públicos de salud como el surtimiento incompleto de medicinas, la posposición de estudios médicos, tratamientos y cirugías que impiden que los derechohabientes tengan un acceso efectivo a la salud.

Entre 2004 y 2013 el gasto público en salud pasó de 231 mil a 524 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 58% en términos reales. De esta cifra, el principal incremento fue para la población sin seguridad social, al pasar de 75 mil a 232 mil millones, incremento equivalente al 114% en términos reales. Sin embargo, el número de unidades de salud aumentó sólo 14%, el número de establecimientos con servicios de hospitalización en 23% y el número de camas de hospital sólo 13%. “Esto es como un padecimiento digestivo y circulatorio del sistema de salud, hay alimentación de recursos, pero no se digieren y no llegan a donde deben llegar”, mencionaron las organizaciones.

“El tratamiento no está funcionando”. El presupuesto para la atención en salud sin seguro social canalizado a estados a través del Seguro Popular se ha multiplicado por 16 entre 2004 y 2015, para llegar a casi 100 mil millones de pesos.  Sin embargo, el gasto de bolsillo para pagar con particulares consultas, medicamentos o tratamientos representa aún el 44% del total, de acuerdo con información del sitio oficial de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.

El síntoma más evidente es el crecimiento de los consultorios adyacentes a farmacias privadas que muestra la incapacidad de los servicios públicos por garantizar atención oportuna y ágil. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública muestra que casi el 70% de los usuarios de estos consultorios están afiliados a servicios públicos: 39% al Seguro Popular y 29.5% a la seguridad social, además hay evidencia que en estos lugares se recetan más medicinas, lo cual incrementa el gasto de bolsillo. Un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) estima que el 79% del gasto total en medicamentos en México lo pagan las personas como gasto de bolsillo.

Los resultados de este ejercicio de observación servirán para elaborar un reporte sobre el acceso efectivo a la salud que será presentado a la Cámara de Diputados y a autoridades federales y estatales de salud en octubre próximo para exigir acciones efectivas para mejorar el acceso, la calidad y oportunidad de la atención para todos,  con especial atención a la población que vive en pobreza. También servirá para proponer metas claras a los compromisos que México adoptará en la Cumbre de la ONU en septiembre sobre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS–post 2015).

Las propuestas de la campaña Cero Listas de Espera son:

Que la SSA presente un plan multianual para lograr cobertura universal de salud para toda la población, en el plazo más corto posible, iniciando por la que vive en condición de pobreza y en las zonas de mayor rezago social.

Que la SSA elabore un plan a diez años para incrementar progresivamente la cobertura de padecimientos y las intervenciones, tratamientos y medicamentos necesarios para atenderlos, a fin de homologarlos con la seguridad social y eliminar progresivamente la diferencia de trato, entre los servicios que reciben las personas con seguro social y las personas en el “Seguro Popular”.

Que el Decreto de Presupuesto fije con precisión las responsabilidades de gestión y las obligaciones de rendición de cuentas de los gobiernos estatales para garantizar la aplicación transparente y eficiente de los recursos destinados a la salud y se evite su dispendio y desviación. 

Que las instituciones de Salud generen un mecanismo de exigibilidad para que las personas logren acceso efectivo a la salud y se corrija de manera ágil la negación en la práctica del servicio a través del surtido incompleto de medicinas o de la posposición de las consultas generales y de especialidades, los tratamientos, los estudios médicos y las cirugías. 

Que el Decreto de Presupuesto exija que indicadores de calidad de atención y acceso efectivo a nivel de cada establecimiento de salud y que la SSA genere un sistema de monitoreo y evaluación que promueva la mejora continua con participación ciudadana y contraloría social. Este es el primer paso y es urgente para avanzar del estado actual hacia el acceso efectivo y el ejercicio del derecho a la salud.