A Gilberto Maldonado Maldonado, dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), le fue notificado el auto de formal prisión, a un día de que se venciera el plazo para interponer el recurso de amparo.

Aunque existía la resolución de auto de formal prisión desde el pasado 15 de junio para el  líder de la disidencia del sindicato oficial de trabajadores de la educación, el juez del Segundo Distrito en Materia de lo Penal le dio a conocer el 29 de junio la resolución definitiva.

El CDMP denunció la maniobra legaloide para que Maldonado esté impedido para hacer uso del derecho constitucional del amparo.

“Es notorio que los gobiernos federal y estatal quieren a cualquier costo encarcelar a nuestro dirigente”, denunciaron.

Exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exhorte al Consejo de la Judicatura Federal para que intervenga y cesen las anomalías jurídicas de los jueces federales y estatales en contra de activistas, dirigentes y luchadores sociales de Puebla.

El golpe fue asentado contra el magisterio

De acuerdo con los defensores, la autoridad basó su resolución sobre un proceso plagado de inconsistencias e irregularidades, con graves contradicciones en la que no existen testigos y cuyos reportes oficiales ofrecen más de una versión sobre el supuesto bloqueo a la autopista, que habría ocurrido en 2013 para protestar contra la reforma educativa.

Maldonado refirió que las pruebas de descargo no fueron tomadas en cuenta, a pesar de que en el alegato de defensa se daba cuenta de la conspiración para no aplicar la ley por la comisión de un delito, sino para apresar a líderes del magisterio disidente.

“La impartición de justicia se lleva a cabo en Puebla por consigna. El gobierno de Puebla se alineó con la política represiva orquestada desde Los Pinos en contra de los maestros. El maridaje ya no existe sólo entre el Legislativo y el Poder Judicial estatal, ahora los tentáculos penetran instancias federales”

El movimiento social indico que es delicado que las instancias de impartición de justicia sean una oficina de trámite para el Ejecutivo.

“Qué futuro espera a cualquier ciudadano que ose defenderse de los abusos de las autoridades en todo el país, especialmente en estado”, dijo Maldonado.

La persecución política del gobierno de Rafael Moreno Valle contra la disidencia fue señalada de “burda” por el abogado Cuellar, quien una vez más señaló que incluso en los informes que integran el expediente penal, ni la Policía Federal, la Ministerial y los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno califican el hecho como un bloqueo de la autopista México–Puebla, lo reportan como una manifestación y una protesta, además de que no existe señalamiento de que el tráfico fuera interrumpido.

“Hay fotografías que muestran lo contrario”, subrayó.