La privatización de los servicios municipales abre la posibilidad para presionar a los ayuntamientos, advirtió Rafael Micalco Méndez, líder estatal del PAN, quien dijo estar en "desacuerdo" con la iniciativa que impulsa la bancada panista, la cual busca ceder el control de éstos al gobierno estatal y abrir la participación al sector privado.

En rueda de prensa, el panista sentenció que la discusión de la propuesta presentada por Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez Regordosa y Salvador Escobedo Zoletto, no se puede centrar sólo en el ámbito legal, sino también en la "conveniencia política" y el impacto social de las medidas.

"Hicimos un preanálisis en el partido, no estamos de acuerdo con los términos en los que se  presentó, no estoy de acuerdo, ojalá los legisladores tengan la sensibilidad de hacer algunas modificaciones. Iría más allá del tema legal porque todo se ha centrado en que si es constitucional  o anticonstitucional, tenemos una pésima experiencia con la concesión, con el tema del agua que no funcionó (...) no quisiera ver presiones, amenazas a los alcaldes o a los ayuntamientos en aras de aprobar concesiones para A o B empresa", acotó.

De aprobarse la iniciativa, se permitirá la participación del sector privado en la operación de servicios como el agua potable, alumbrado público, limpia, recolección y traslado de residuos, panteones, rastros, jardines, mercados y central de abasto en municipios conurbados a la capital del estado.

Agua 300 veces más cara

Durante la rueda de prensa que ofreció la mañana de este martes, Micalco Méndez sentenció que un ejemplo fallido de privatización de un servicio público es el que se hizo con la empresa Concesiones Integrales, la cual elevó hasta un 300 por ciento el costo del agua potable para los ciudadanos.

La iniciativa que promueve ceder el control de los servicios públicos municipales al gobierno de estado y la participación del sector privado ingresó el 3 de junio y su discusión inició el viernes pasado.

El proyecto que promueve Aguilar Chedraui, ex integrante del gabinete morenovallista, busca adicionar cuatro párrafos a la fracción II del artículo 104, en los cuales se advierte que a petición de los cabildos, el Congreso aprobará entregar el control de los  servicios públicos al gobierno estatal, así como permitir la participación del sector privado en la operación de éstos.

Además plantea que los municipios de la zona conurbada firmen programas comunes, pero necesitarán la autorización de la administración estatal y el Congreso para implementarlos.

Movimiento Ciudadano rechaza propuesta

La iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) para entregar el control de los servicios municipales al gobierno estatal sí vulnera la autonomía de los ayuntamientos y de los alcaldes, advirtió José Ángel Pérez García.

Aunque el líder del partido Movimiento Ciudadano (MC) indicó que esperará a conocer los cambios que el coordinador de la bancada panista, Jorge Aguilar  Chedraui, hizo al proyecto inicial, aseguró que la intención es que el gobernador tenga el control de las decisiones de los ayuntamientos.

El político no descartó que el proyecto que el 3 de junio presentaron los panistas se haya originado luego de que en abril José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula,  revocó el convenio de concesión a “Agua de Puebla para Todos”, empresa que se encarga de la operación del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

El líder de MC apuntó que existe la posibilidad que en caso de que el Congreso apruebe reformas a los artículos 104, 105 y 122 de la Constitución local, los alcaldes interpongan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para evitar que el gobernador Rafael Moreno Valle vulnere la autonomía de los ayuntamientos, la cual se establece en el artículo 115 de la Carta Magna.

Hasta el momento, los diputados que integran las comisiones de Asuntos Metropolitanos y Gobernación y Puntos Constitucionales suspendieron el análisis y aprobación del proyecto que impulsa Aguilar Chedraui.

No obstante, el perredista Carlos Martínez Amador, líder del Congreso, reconoció que la propuesta busca dar una "seguridad a los inversionistas" que por medio de un convenio de concesión se encargarán de la operación de los servicios públicos.

.