La Secretaría de Turismo (Sectur) publicó en el Diario Oficial un convenio a través del que destinará recursos por 70 millones de pesos a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, para ocuparlos en el programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios.

Actualmente el gobierno del estado lleva a cabo trabajos de remodelación en la zona arqueológica que comparten esas dos demarcaciones, a los cuales se oponen pobladores del lugar, académicos y activistas agrupados en el movimiento “Cholula Viva y Digna”, pues consideran que las labores dañan la riqueza histórica del sitio.

Sin embargo, en una visita que en marzo pasado realizó a la entidad poblana, la titular de la Sectur, Claudia Ruiz Massieu, avaló el proyecto de “rescate” de la zona e indicó que los recursos se aplicarán, primordialmente, en el rescate del ex Hospital Psiquiátrico, y aseguró que no se afectará el Patrimonio Histórico.

Sobre el tema, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Ortiz Pedraza, sostiene que no se ha otorgado un permiso para intervenir el área, pese a que en el nosocomio se construirá un Museo de Sitio de esta instancia federal, y que el proyecto sigue en análisis.

Presupuesto llegará 140 mdp

De acuerdo con el documento, el cual fue publicado en la edición de este viernes del Diario Oficial, la administración estatal deberá igualar la bolsa de recursos destinada por la federación, por lo que en suma el presupuesto alcanzará los 140 millones de pesos.

Los recursos deberán ser ocupados para la protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de ambos municipios, según reza el convenio.

Según las clausulas establecidas en el convenio, la cancelación de la ministración de los recursos se determinará cuando a juicio de la Sectur, y de acuerdo con los reportes presentados por la entidad o en su caso, por el supervisor de obra, o bien, derivado de una verificación, los trabajos presenten un atraso tal que hagan imposible su conclusión en los tiempos estimados, o bien, cuando se detecte que los recursos otorgados no se han administrado conforme a las disposiciones federales aplicables.