Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), es incapaz de defender las garantías de los poblanos, pues en algunos casos es omiso y en otros actúa con prontitud, dependiendo de los intereses del Ejecutivo estatal, denunció el Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

En un acercamiento con los medios de comunicación, Marco Antonio Mazatle Rojas, vocero del MAS, dio a conocer que este lunes la CEDH notificó a su compañera Irene Herrera de que no se violaron sus derechos humanos durante su intento de arresto en octubre pasado.

"Desde que ocupa el cargo (López Badillo), su actitud ha sido la misma: minimizar las denuncias y abstenerse de cumplir con las obligaciones que protestó cumplir. Por lo que exigimos al Congreso del estado que se le investigue por su inacción en la atención de casos como el de Chalchihuapan, y fincarle responsabilidad como funcionario público", agregó el activista.

El 30 de octubre del año pasado, policías municipales intentaron arrestar a Irene Herrera en el zócalo de la ciudad de Puebla, bajo el argumento de que dejó su automóvil estacionado en doble fila.

Sin embargo el MAS atribuye la acción a que Irene participó en el plantón que hicieron en el zócalo para exigir la libertad de los presos políticos.

Dicho plantón fue retirado de manera violenta el 17 de noviembre, cuando un grupo de 20 sujetos agredió a las tres personas que se encontraban en el plantón y se llevó todos los objetos que allí se encontraban.

"Nos llama la atención que en el caso de la compañera Irene Herrera la CDH fue omisa, mientras que contra del ayuntamiento de San Pedro Cholula en menos de una semana de iniciada la queja de oficio por el asesinato de un joven, emitió de manera inusual una recomendación", agregó Mazatle.

Sin embargo, para Ricardo Jiménez Ávila, también integrante del MAS, la omisión más grave de la dependencia fue respecto al desalojo violento de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, donde el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo falleció por el impacto de una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal.

"En el caso de Cholula, es obvio que la Comisión actuó con un criterio político exhibiendo su sumisión al gobierno de Rafael Moreno Valle", sostuvo.

Por estas razones el Movimiento por la Alternativa Social promoverá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).