La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) dio un plazo de tres días a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para que proporcione la información completa sobre la ocupación de terrenos en San Francisco Ocotlán, Coronango, que entregó el estado para la ampliación de la empresa Volkswagen.

Jesús San Cristóbal, secretario de acuerdos de la CAIP, aseguró en la ponencia llevada a cabo este miércoles que la SFA se ha negado a responder la solicitud 00455214, y por voto unánime de los comisionados se urgió a la dependencia a transparentar el uso y proceso de ocupación de los predios “Chactenco y Tlalarcina” ---de 2 hectáreas y media— que reclama un particular.

José Miguel Osorio, abogado de Samuel Torres Robles, propietario original de los predios, acusó que éstos fueron “arrebatados” por un “prestanombres” del gobierno del estado, identificado como Mario Ayala Flores mediante un juicio de usucapión, después fueron entregados a la administración estatal y ésta a su vez los cedió a la empresa alemana.

El ultimátum

Este ultimátum de tres días es dictado por la CAIP luego de que la SFA ignoró un llamado previo del pasado 3 de marzo, para que ampliara su respuesta hecha al ciudadano, en la que argumentó “que aunque realizaron una búsqueda exhaustiva, no encontraron la documentación referente a los juicios (de usucapión) con los que se ganó el terreno” por parte del supuesto propietario y con la que se realizó el proceso de entrega a la armadora alemana.

Ahora la SFA está obligada a responder al menos once cuestionamientos que hizo el recurrente entre los que exige se precise con qué documento legal se acreditó la propiedad que ahora ocupa la VW, el procedimiento que llevó a cabo la dependencia para realizar el pago de los predios y quién ha recibido estos montos.

El abogado Osorio solicitó a la dependencia también dar cuenta del origen de los títulos de propiedad con los que le concedieron el fallo de los juicios de usucapión 192/2011 y 252/2011 a favor de Mario Ayala, ambos promovidos en el Juzgado Primero de lo Civil de Cholula Puebla.

En sus cuestionamientos, Osorio exige que se responda si la SFA tuvo conocimiento que en ambos juicios se promovieron amparos que fueron ganados por el particular y si dentro de las pruebas ofrecidas  se presentaron levantamientos topográficos de ambos predios.

El abogado, que asistió este miércoles a la sesión de la CAIP, aseguró que los juicios de usucapión estuvieron plagados de irregularidades. Acusó que la parte afectada aún desconoce quiénes fueron los testigos tanto del traslado de dominio como los testigos para acreditar la posesión.

Osorio asegura que no fue posible interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, pues el Ministerio Público le aconsejó “llegar a un acuerdo con el gobierno del estado”.

Refirió que el fideicomiso del gobierno del estado Banco de la Tierra asegura que ha pagado a todos los afectados las ocupaciones, sin embargo hasta el momento su cliente no ha recibido pago alguno.

Desde hace un año los predios fueron ocupados por la empresa VW.