México. D.F. Ante posibles irregularidades del gobierno del estado de Puebla en la licitación, asignación, ejercicio y destino de recursos en la compra de más de 2 mil 500 mototractores, senadores del PRI exigen una investigación de la Contraloría estatal. Y que la Auditoría Superior de la Federación informe de los avances sobre otras irregularidades detectadas en la entidad poblana.

Mediante un punto de acuerdo que presentarán este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en base a información periodística, los legisladores del PRI lamentan que dichos mototractores ahora estén abandonados y en el mejor de los casos utilizados para otros fines distintos para los que fueron creados, debido a que su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de agricultura local.

“A estas irregularidades técnicas se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoria Superior de la Federación, institución que informó la existencia de diversas anomalías, tales como sobrecostos en la compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representa un daño al erario por más de 107 millones 893 mil 112 pesos”, indica el documento.

Los senadores priístas recordaron que por esos hechos la Auditoria Superior de la Federación y la Contraloría del Estado iniciaron procedimientos administrativos por el daño patrimonial contra 18 funcionarios y ex funcionarios, por lo que consideran que ya es tiempo de que se dé a conocer un avance de los resultados de dicha investigación.

Piden auditoría integral

El punto de acuerdo que presentarán está encaminado a exhortar al Congreso del Estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al Programa de entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.

También incluye un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que entregue al Congreso de la Unión un reporte en el que se detallen los avances en las acciones  administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas como beneficios en favor de una sola empresa, falsificación de firmas en los expedientes, falta de licitación y pagos a sobrecosto, dadas a conocer por la propia Auditoria Superior en su informe de resultados de fiscalización de 2012.