La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayortzinapa, en Guerrero, fue lo que anuló la posibilidad exhibir avances que se tuvieron en el país sobre la reducción de violencia y mecanismos de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Al hacer referencia al informe que presentó este día la organización Freedom House en donde México aparece como uno de los peores países para ejercer la libertad de prensa, el funcionario público subrayó que el periodo analizado por la organización internacional, fue complejo para el país.

"El propio informe da cuenta de un evento que es fundamental, es el evento de Iguala (Guerrero), y pues este evento me parece, anuló algunos de los avances que tuvimos en el país, la reducción en los niveles de violencia y los instrumentos que hemos venido echando a andar, para la protección de defensores y de periodistas.

"Quisiera insistir en que estamos analizando un periodo que resultó un periodo complejo para nuestro país, en donde fundamentalmente los hechos de Iguala significan un elemento que anula los muy importantes avances que se tienen en otras materias", defendió.

Campa Cifrián confió en que para la evaluación del próximo año, y con el trabajo que se lleva a cabo para la defensa de los derechos humanos, México podrá alcanzar una calificación que lo ubique entre las naciones parcialmente libres.

Con Freedom House, subrayó, se fortalecerá el trabajo que tiene que ver con un mejor desarrollo de las tareas en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

"Freedom House comenzó a apoyarnos en esta última etapa, y hemos comprometido y convenido con ellos, que tendremos una segunda etapa más intensa todavía de trabajo, fundamentalmente en la capacitación de quienes son responsables de evaluar los riesgos para los defensores y para los periodistas, que es una tarea fundamental en el mecanismo", expuso.

Roberto Campa dio a conocer que actualmente son 250 personas, entre periodistas y defensores, los que reciben la protección correspondiente, y existe un paquete de 37 más con las que se lleva a cabo un análisis para determinar su situación.

Cuestionado sobre el trabajo que se llevará a cabo en cuanto a las desapariciones forzadas, el funcionario federal mencionó que se construyen esquemas en donde la administración sea capaz de fortalecer la parte preventiva; garantizar que se tengan protocolos, capacitación y así estar en posibilidad de erradicar el fenómeno.

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