La Cámara de Diputados federal emitió un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) para que investigue posibles violaciones a las garantías de activistas presos en el estado de Puebla.

Además solicitó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que garantice el debido proceso de los mismos y que la SGG les conceda las medidas cautelares solicitadas por la CNDH.

De igual forma, el Congreso pidió que la PGJ  investigue con celeridad un caso de violación sexual contra una menor de edad indígena, además de que garantice la presencia de un intérprete y un defensor durante el proceso.

CDHE debe investigar violaciones

La diputada federal Roxana Luna Porquillo presentó el pasado 5 de febrero una proposición de punto de acuerdo para que el gobierno de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaran diversas acciones para garantizar los derechos fundamentales de activistas y alcaldes auxiliares en el estado.

El dictamen fue turnado el 6 de febrero a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que hizo observaciones a la proposición de la legisladora para llegar a tres acuerdos.

En la primera respuesta al documento se exhorta a la CDHE para que investigue los presuntos actos violatorios de derechos humanos de Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez y Primo Manuel Tlachi Álvarez, presos por oponerse al Parque Intermunicipal en Cholula.

También de los líderes de la organización de ambulantes 28 de Octubre: Rubén Sarabia Sánchez y Atl Rubén Sarabia Reyna; así como de los ediles auxiliares Raúl Pérez Velázquez, Sabino Báez Serrano y Jairo Javier Montes Bautista, que se opusieron a la reforma a la Ley Orgánica Municipal que les quita atribuciones de jueces civiles.

PGJ debe garantizar debido proceso

En el segundo punto se pide al procurador Víctor Carrancá Bourget que garantice el debido proceso de los presos cholultecas, los dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UVPA 28 de Octubre), y de los presidentes auxiliares.

Además, que los procesos judiciales sean apegados al pleno respeto de los derechos humanos, debido a que algunos de los detenidos denunciaron "tortura física y psicológica por parte de reos del penal de San Miguel en nombre del gobierno de Puebla".

Como tercer acuerdo se solicita al secretario General de Gobierno, Jorge Cruz Bermúdez, que otorgue las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los oficios número V4/73505 y V4/73506, ambos de fecha 11 de diciembre de 2014.

En dichos expedientes la comisión pide que salvaguarde la integridad y seguridad personal de los integrantes de las familias Xicale y Sarabia "con el propósito de evitar daños de difícil o imposible reparación".

Cambios al punto de acuerdo original

Cabe mencionar que Luna Porquillo pidió en la proposición original que se solicitara al gobierno poblano y la PGJ "cesar el hostigamiento y la represión contras las comunidades indígenas, y la protesta social en Puebla".

Esto debido a que las órdenes de aprehensión contra los activistas fueron promovidas por el propio gobierno estatal, supuestamente dentro de un marco de irregularidades.

La diputada perredista atribuye al gobierno del estado Puebla “más de 45 detenciones arbitrarias de activistas y opositores, la muerte de un niño de 13 años y la omisión e indolencia ante los señalamientos de organismos como la CNDH que piden garantizar los derechos humanos de la sociedad”.

Sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso federal estimó que corresponde a la CDHE investigar las anomalías denunciadas y en todo caso determinar si hubo o no intervención gubernamental.

Piden investigar violación a menor indígena

En un punto de acuerdo diferente, presentado por los diputados Roberto Cabrera Solís y Roxana Luna Porquillo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados exhortó a la PGJ a que dé celeridad a la investigación 698/2014/Zacapoaxtla, en la cual se denunció la violación sexual de una menor por parte de su tío en el municipio de Xochitlán de Vicente de Suárez.

Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicaron que el caso sigue impune "como resultado de la indolencia, omisión e indiferencia institucional que permea las instancias de 'justicia' en el estado de Puebla".

La madre de la menor y la víctima tuvieron dificultades para interponer la denuncia en Xochitlán y por lo cual se vieron obligadas a trasladarse a Zacapoaxtla, ya que sólo hablan náhuatl y no contaron con un intérprete al momento de acusar la agresión.

Ante esta situación también se solicitó a la CDHE que investigue las presuntas violaciones a las garantías individuales de las víctimas del caso.