Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) denunciaron que el intento de detención del vocero de la organización en Puebla, Luis Soriano Peregrina, se debió a la falta de pago de la tenencia vehicular equivalente a 980 pesos, aunque en cuatro años se transformaron en 10 mil pesos.

El pasado 11 de abril, el abogado dio a conocer que personal del SAT y policías estatales llegaron al domicilio de su madre en la colonia el Mirador buscándolo para arrestarlo, por ese motivo salió por un predio aledaño y ahora está fuera del estado.

Los funcionarios se presentaron como parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y exigieron entrar al domicilio, pero la señora Peregrina argumentó que si lo hacían de manera violenta incurrirían en allanamiento de morada, por lo cual levantaría una denuncia.

Un poco más calmados, policías y funcionarios exigieron el pago de la verificación, que pasó de 980 pesos en 2011 a 10 mil pesos para 2015, la señora pagó la deuda en ese instante.

Sin embargo, por temor a volverse un preso político más en el estado —actualmente suman más de 133 presos de conciencia en lo que va de la administración morenovallista—, Luis Soriano no ha vuelto a la entidad.

Ricardo Villa Escalera y Jesús Ortiz, integrante del Conaci, pidieron que el gobierno estatal frene el hostigamiento a su compañero y que cree las condiciones políticas para su regreso.

Soriano Peregrina es el asesor jurídico de varios de los trabajadores estatales despedidos este año, además de que impulsó los amparos contra la verificación vehicular y el juicio ciudadano contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Siguen juicios de ex burócratas

Cuestionados sobre los juicios laborales de los ex burócratas, Villa Escalera respondió que tienen conocimiento de que el despacho de su compañero sigue llevando los casos y que al parecer están por ganar los amparos que se tramitaron.

Soriano es el abogado de 28 burócratas despedidos por el gobierno estatal este año, mientras que el abogado Abelardo Cuellar Delgado lleva otros 50 casos. En total suman 15 mil los empleados despedidos durante el sexenio.

Otras de las cuestiones que exigieron los representantes del Conaci, además de las garantías para que su compañero regrese, es que se aclare el monto que pagó Agua de Puebla por la concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), ya que recientemente se dio a conocer que la empresa pagó 115 millones de dólares de manera directa al gobierno del estado y 300 millones de dólares en inversiones, lo que da un total de 415 millones de dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a 6 mil 474 millones de pesos, aproximadamente.