Pese al hostigamiento en contra del abogado Luis Soriano Peregrina, burócratas despedidos continuarán su juicio laboral contra el gobierno del estado y preparan 50 demandas más ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Del 17 de marzo a la fecha el gobierno del estado rescindió a unos mil 300 trabajadores, según una estimación de los afectados, bajo el argumento de la baja presupuestal que se enfrenta a nivel nacional por la baja en los precios del petróleo.

Sin embargo a los empleados no se les dará ningún finiquito y tampoco se han tramitado las jubilaciones a quienes están en edad para ello, por lo que iniciaron los procesos legales.

El pasado viernes, el abogado de los ex burócratas, Luis Soriano denunció que el gobierno de Puebla lo acosa y pretende detenerlo. Además, responsabilizó al gobernador Rafael Moreno Valle, al candidato panista a diputado federal Mario Rincón y al procurador Víctor Carrancá de lo que pudiera ocurrirle.

Durante una reunión este domingo en el Parque Juárez, uno de los ex trabajadores, Marco Antonio Manzano Ramírez, apuntó que son diferentes abogados los que llevan los juicios de sus compañeros y este lunes Abelardo Cuéllar Delgado interpondrá 50 demandas más, aparte de las 40 que lleva Luis Soriano.

"Si no presentan la demanda correspondiente antes de los 30 días prácticamente se quedan en un estado de indefensión, quiero hacer la aclaración de que no es que se haya cambiado de abogado, al contrario, en este grupo de rescindidos se les han presentado diferentes abogados (...) aquí en este grupo no hay un abogado en común", agregó el ex empleado del gobierno estatal.

Manzano aseguró que se organizan tres grandes grupos de despedidos: los que alcanzan jubilación, los que quieren ser reinstalados y los que quieren un retiro voluntario.

Indicó que también se elaborará un escrito para solicitar que los trabajadores en activo y los sindicalizados apoyen en una asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados la iniciativa de renunciar a ciertos bonos, para que de esta forma la administración estatal obtenga ahorros y regrese el empleo a sus compañeros.

Falta de recursos no es argumento

Por su parte Cuéllar Delgado apuntó que el argumento de "insuficiencia presupuestal" que dio al gobierno poblano para rescindir a más de 500 trabajadores no es válida, toda vez que en los fundamentos de cese se menciona el artículo 43 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y 47 de la Ley Federal del Trabajo, pero en ninguno de los motivos de esas normativas habla de ese rubro.

Además de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla dichos recursos para los empleados gubernamentales, por lo cual confió en que los juicios terminen siendo favorables para los ex burócratas poblanos.

El litigante expuso que representa a 60 ex empleados del estado, 50 despedidos este año y otros diez rescindidos en 2013, de dependencias como el Registro Civil y Catastro, así como de las Secretarías General de Gobierno (SGG), Finanzas y Administración, Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Algunos de ellos quisieron contender por la dirigencia sindical y fueron separados de su cargo.

El también integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA) apuntó que sin importar qué abogado lleve los casos, es importante que los ex trabajadores se organicen y exijan de manera conjunta el respeto de sus derechos laborales, aunque no les aconsejó hacer "actos ilícitos", como la toma de edificios, ya que eso le daría un pretexto al gobierno estatal para que los ataque y separe.