“De nada o poco sirve el reconocimiento normativo de los derechos humanos si no se aplica y respeta la ley”, afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que “no es posible aceptar la aplicación y observancia de la ley vulnerando los derechos humanos”.

“Estado de derecho y respeto a los derechos humanos –subrayó— son conceptos inherentemente vinculados y la consolidación de una cultura de la legalidad sólo es posible si se asume como punto de partida esta relación indisoluble”.

Al dictar la conferencia magistral “La construcción de una cultura de la legalidad a partir del respeto a los derechos humanos”, en la sede de la Universidad Regiomontana, González Pérez puso de manifiesto que, en este contexto, la educación surge como medio para transformar y mejorar a la sociedad, sobre todo si se basa en los derechos humanos y se enfoca a ellos.

“Un Estado en el que impere realmente la justicia requiere de reformas legales o estructurales, pero también necesita que se produzca un cambio de paradigma cultural dentro de todos los miembros de su sociedad, con base en el respeto, protección y reconocimiento de la dignidad humana”, dijo.

Ante alumnos, docentes y autoridades de esa casa de estudios, explicó que la educación vinculada a los derechos fundamentales es la llave que nos debe conducir, como Nación, a alcanzar esa condición plena, donde las personas exijan y demanden que sus derechos se respeten, pero también asuman sus obligaciones y tengan como premisa de actuación el bien común y la prosperidad general. “Nuestro propósito –explicó— debe ser lograr un Estado humanista que mejore no sólo nuestras condiciones actuales de vida, sino que también propicie que las generaciones futuras reciban un mejor país”.

Tras mencionar que la educación forma y previene, señaló que ésta es la mejor inversión que se puede hacer para resolver los problemas del país, además de atender las causas que generan las profundas desigualdades. Indicó, por ello, que formación y educación implican construcción y servicio a México y a la sociedad.
González Pérez enfatizó que donde no se respetan los derechos humanos no se puede hablar de paz y seguridad públicas, de estabilidad y desarrollo, de confianza y credibilidad en las instituciones nacionales, ni mucho menos de un Estado humanista y democrático de derecho.

“México –aseguró— es más grande que la violencia, la corrupción y los demás males que afligen y afectan. La sociedad mexicana preserva y mantiene su anhelo de equidad, limpieza y orden en su convivencia diaria, lo cual se expresa con las muestras de organización cívica y responsabilidad que aún en las condiciones más adversas ha dado.

El Ombudsman nacional puso de manifiesto que “el Estado debe estar a la altura de los anhelos y reclamos de la sociedad; es preciso que el poder se vea como una oportunidad de servicio y no como el medio para fines egoístas o personales”.

En su exposición ante la comunidad universitaria, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Presidente de la CNDH llamó la atención sobre la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Federal Electoral en 2011, entre cuyos datos relevantes señala que el 30.2%  de los mexicanos aceptaría la violación de derechos humanos a cambio de mayor seguridad o de que se combatiera la delincuencia organizada; así como el 31.7% estaría de acuerdo total o parcialmente en la ejecución extrajudicial de miembros de la delincuencia organizada, y el 57.3% con que hay que desobedecer al gobierno algunas veces y 41.1% con la pena de muerte.

Al respecto, consideró que tales cifras son preocupantes y mencionó que el cumplimiento de la obligación del Estado de brindar seguridad e impartir justicia a las personas es completamente compatible con el respeto y defensa de los derechos humanos. “La falta de respuesta debida y oportuna que la sociedad percibe, en no pocos casos, a sus demandas y necesidades por parte de las autoridades –añadió—, no nos puede llevar al extremo de renunciar a libertades y derechos fundamentales en aras de mayor seguridad o de que se sancionen con mayor eficacia los delitos”.

Luis Raúl González Pérez estuvo acompañado por Minerva Martínez de la Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León; Ninfa Delia Domínguez Leal, Consejera de la CNDH; Ismael Eslava, Primer Visitador General y Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Organismo nacional.