Traición a la patria y delitos graves del orden común serían razones suficientes para quitar el fuero constitucional al presidente de la república, de acuerdo con la propuesta que este martes presentó en el Senado el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En tribuna y a nombre de sus correligionarios, el senador Armando Ríos Píter planteó reformas a los artículos 61, 108, 111 y 112 de la Constitución, para “desarrollar un instrumento constitucional moderno, que preserve la sustancia de la protección frente a toda persecución política, al mismo tiempo que permita el procesamiento y sanción de los servidores públicos que incurran en conductas delictivas”.

Con esta iniciativa se propone un sistema en el que, de existir un hecho delictivo en el que incurra el Presidente de la República, pueda ser sometido a proceso penal ante un juez competente y que, en caso de que el juzgador penal dicte sentencia condenatoria, pedirá al Congreso de la Unión que destituya a este alto funcionario.

En este proceso, la Cámara de Diputados será Cámara de origen y la de Senadores la Cámara revisora de este proceso judicial.

El senador Ríos Píter precisó que el proyecto aborda específicamente el fuero del Presidente de la República, por ser un servidor público que está protegido por una inmunidad prácticamente absoluta, y en caso de actuar de manera irregular, puede causar un daño severo a las instituciones democráticas.

El legislador perredista señaló en tribuna que este esquema permitirá proteger la función que ejerce el Presidente, en tanto se substancia el proceso penal, y por otro lado, evitará que la comisión de hechos probablemente delictuosos queden al margen de la justicia, sin importar el funcionario que haya incurrido en ellos.

La propuesta de modificación constitucional, argumentó, va encaminada a consolidar los esfuerzos del Poder Legislativo y, particularmente, para combatir la corrupción que aqueja al Estado.

Agregó que el fuero es una figura obsoleta, ya que su aplicación es más bien de un mecanismo de impunidad de algunos funcionarios, que una forma eficiente de protección de los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria.