La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UVPA 28 de Octubre) denunció el desalojo de sus lugares de trabajo en el mercado Emiliano Zapata y el hospital de La Margarita, como un intento de desaparecer a la organización tras el arresto de dos de sus líderes, Rubén Sarabia Sánchez, alías Simitrio, y su hijo, Rubén Sarabia Reyna.

Asimismo, el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas (Fosyp) pidió que el gobierno del estado no obstaculice los procesos judiciales de los presos políticos de Puebla, para que éstos obtengan su libertad gracias a los amparos que han ganado.

Piden negociar con ayuntamiento

Tonatiuh Sarabia Amador, representante legal e hijo de Simitrio, refirió en una rueda de prensa que la mayoría de vendedores ambulantes son producto del desempleo generalizado en el país y que por su cuenta se han ganado varios espacios pero que ahora el gobierno se los quita.

Desde el domingo por la mañana, la organización de comerciantes denunció el retiro violento de informales de las inmediaciones del mercado Zapata, así como del hospital de la Unidad Habitacional La Margarita.

También el lunes por la madrugada fueron cercados por policías municipales y estatales, ante esta situación la organización 28 de Octubre pidió al ayuntamiento de Puebla apertura para negociar los espacios, ya que el traslado a los mercados abandonados es una estrategia que no ha funcionado.

Piden libertad para presos políticos

Además, el Fosyp solicitó al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que deje de torcer la Ley que mantiene en prisión a cuatro presos políticos que lograron su libertad, gracias al amparo de la justicia federal, como son Simitrio, su hijo Rubén Sarabia Reyna, así como Adán Xicale y su hijo Paul Xicale.

La postura fue emitida este lunes en la ciudad de Puebla, donde las organizaciones declararon que existen cerca de 200 personas que fueron encarcelados con delitos fabricados en lo que va del sexenio morenovallista.

El posicionamiento fue leído por Josué Xicale, hijo de Adán y hermano de Paul Xicale, activistas de San Andrés Cholula encarcelados desde octubre pasado por defender las tierras que circundan la pirámide.

Declaró que se fabricaron delitos a los opositores a los proyectos del Poder Ejecutivo estatal, con el fin de encarcelados, a pesar de que con ello se violen sus derechos fundamentales.

Señaló que esto se logró a través de una confabulación entre la Procuraduría General de Justicia y los titulares de juzgados penales.