El acceso a la justicia y la efectiva protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía son la función esencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), situación que se refleja en los más de 86 mil 643 asuntos resueltos durante los últimos cuatro años.

Durante el periodo del 10 de agosto de 2011 a febrero de 2015, el medio de impugnación más recurrente fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), al que correspondieron 88% de los medios de impugnación resueltos en ese lapso ante el organismo jurisdiccional.

La ciudadanía confía en las resoluciones del Tribunal Electoral

Dicha cifra refleja que los ciudadanos son los que más se acercan a la autoridad electoral a buscar la protección de sus derechos, confiados en que las resoluciones del organismo tutelarán sus garantías fundamentales. En este sentido, del 10 de agosto de 2011 al 15 de marzo de 2015 se presentaron 86 mil 644 JDC y se resolvieron 86 mil 643.

El JDC es el medio de impugnación previsto en la legislación electoral federal, a través del cual las ciudadanas y los ciudadanos, por sí mismos y en forma individual o a través de sus representantes legales, hace valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votados.

De los 24 tipos de juicios que ingresaron y resolvió  el TEPJF, los cuatro más recurrentes son el JDC, que ocupa el primer lugar en el número de impugnaciones. En el periodo antes citado se resolvieron 76 mil 111; en segundo lugar se ubica el Juicio de Revisión Constitucional, de éstos, fueron resueltos 4 mil 9 asuntos en el periodo citado, cifra que representa 5% del total de medios.

El tercer sitio lo ocupa el recurso de apelación, del cual fueron resueltos mil 974 (2%) y en cuatro lugar se encuentra el recurso de reconsideración con mil 707, que representa 2%, el restante 3% corresponde a otro tipo de juicios.

Al emitir las sentencias, el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral atiende el contenido de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México forma parte  para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y maximizar su protección.