Desde hace un año y ocho meses, el Congreso del estado mantiene congelada la petición del ayuntamiento de Cuautlancingo para solucionar el conflicto limítrofe con Puebla, problemática que la LVIII Legislatura decidió no atender al considerar como prioritario definir los nuevos linderos entre la capital y San Andrés Cholula.

La solicitud del municipio conurbado, la cual formalizó el ex edil Filomeno Sarmiento Torres (PAN),  se suma al oficio que la sindicatura de Tzicatlacoyan envió desde hace cinco meses al poder legislativo y del cual no ha obtenido respuesta.

En septiembre de 2013, tras el anuncio del conflicto limítrofe entre Puebla  y San Andrés Cholula, los integrantes de la LVIII Legislatura consideraron al ayuntamiento de Cuautlancingo para definir los linderos entre las tres comunas.

Sarmiento Torres hizo oficial la participación del municipio de Cuautlancingo al entregar las pruebas jurídicas para que los entonces integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales las incluyeran en el nuevo decreto de límites territoriales.

Dentro de los documentos presentados por el ex edil se encontraban pruebas cartográficas, históricas, jurídicas, fiscales, así como que desde 1980 existen actos de gobierno a cargo de las autoridades de Cuautlancingo en la zona en conflicto con la capital, la cual abarca 20 kilómetros e incluye a 12 colonias.

En su momento, el ex edil señaló que las 12 colonias aportaban una recaudación fiscal de 10 millones de pesos, recursos que durante el trienio pasado (2011-2014), fueron cobrados por el municipio conurbado.

Las colonias que se encuentra dentro de la franja en disputa son: San José El Puente, Zavaleta, Atzcapotzalco, Getsemaní, Lázaro Cárdenas, las unidades habitacionales Volkswagen 1 y 2, San Juan y San Cristóbal Tulcingo, y Villa Olímpica.

Sin embargo el 23 de septiembre de 2013, Josefina Buxadé Castelán, ex diputada del PAN y entonces presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anunció que el Congreso no consideraría la solicitud del ayuntamiento de Cuautlancingo.

Tras la negativa de los ex diputados, Sarmiento Torres solicitó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la información con la que integrarían el nuevo decreto de límites territoriales, acción generó que la LVIII aprobara un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en su contra, por no comprobar el uso de 84.4 millones de pesos de la cuenta pública 2011.