La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió, por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, posponer ‘‘el tiempo que sea necesario’’ la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, que se pretendía aprobar en la sesión de este día.

De acuerdo con una nota del diario La Jornada, las bancadas opositoras opinaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía los votos necesarios, pero no el respaldo social, debido a que el documento abre la puerta a la iniciativa privada a prestar el servicio público de agua potable, facturar y cobrar al usuario final.

La junta autorizó foros de discusión, pero legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Morena plantearon que ello debe ser para modificar el dictamen y quitar los puntos que llevan a la privatización del agua, e incluso a presentar un documento distinto basado en la propuesta de la sociedad civil.

El priista Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación, cuestionó que con ‘‘la simple lectura (del dictamen) le quedaría claro, a cualquiera que no tenga lento aprendizaje, que no hay intención privatizadora, como ciertos políticos demagógicos lo han expresado’’.

Beltrones explicó que los partidos en ese órgano de dirección de la cámara optaron por abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos ‘‘para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación de algunos políticos en campaña, que quieren tomarlo como bandera para confundir’’.

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, resaltó que la apertura a las opiniones de la sociedad y los propios legisladores conducirá a cambios en el contenido del dictamen promovido por el gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

‘‘No tendría ningún sentido escuchar a las asociaciones y a los investigadores que han expresado dudas, si no hay intención de modificar el dictamen. Las reuniones de trabajo son para escuchar y ajustarlo’’, declaró el legislador.

Manuel Huerta (Morena) deseó que al posponer la discusión del dictamen no se abra un espacio sólo ‘‘para aplazar la sentencia de muerte; esto es, que la ley Korenfeld (por el director de la Conagua, David Korenfeld) la aprueben mañana, pasado mañana o dentro de un año, sino que se abra una discusión seria y se invite a quienes se excluyeron, entre éstos al movimiento Agua para Todos’’.

También la diputada Lilia Aguilar (PT) consideró que este plazo no debe ser sólo para diferir por unos días las críticas de la sociedad civil y de los investigadores o para evitar las manifestaciones en la calle y en la tribuna.

Antes de que el PRI aceptara posponer el debate de la Ley General de Aguas, diputados y senadores de ese partido defendieron el dictamen e incluso invitaron a empresarios que ya operan el servicio de agua potable en los municipios, así como al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Jesús Reyes Heroles, a quien diputados del PRD señalaron de ser el principal cabildero de la iniciativa a nombre del capital privado.

Kamel Athie (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y uno de los principales impulsores del proyecto oficial, afirmó que ‘‘no hay privatización encubierta’’ del agua, pero enseguida justificó la apertura que conlleva el dictamen a que, por ejemplo, durante su administración en el gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador permitió la operación de empresas privadas en el Sistema de Aguas de la ciudad.

Se trata, leyó en una tarjeta, de las empresas Proactiva, Medio Ambiente, Sacsa, Industrias del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios del Agua y Agua de México. ‘‘Creo que vio que con esto el Sistema de Aguas podría ser mucho más eficiente’’ y ya prestan el servicio de agua potable, dijo.

Por su parte, el líder parlamentario del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés comentó que si la intención de privatizar el agua fuera cierta, su fracción por ningún motivo se sumaría a la aprobación del dictamen, pero que ante las inquietudes y dudas con respecto a la Ley de Aguas Nacionales fue que decidió acompañar la solicitud de detener su discusión en el pleno para que se abra un espacio en donde se aclare absolutamente todos los cuestionamientos.

“Nosotros, bajo ninguna circunstancia, apoyaríamos un proyecto privatizador. No hay nada que esconder y lo que hemos pedido y se ha acordado por unanimidad en la propia Junta de Coordinación Política, es que se abra un espacio de diálogo, tan amplio como sea necesario, para que se aclaren todas las dudas”, refirió según otra nota del periódico El Universal.

Anaya Cortés apuntó que durante estos espacios se revisará el dictamen, además de hacer un comparativo serio de la ley vigente con la propuesta, por lo que una vez aclaradas las dudas, “entonces sí lo podamos discutir en el pleno de la Cámara de Diputados”.

Agregó que el espacio para analizar el dictamen no tiene fecha límite, por lo que será tan amplio como sea necesario, y así “se disipe esta falsedad de que se pretende privatizar el agua”.

Finalmente, La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua convocó a los ciudadanos a concentraciones de protesta el próximo sábado 14 de marzo y el Día Mundial del Agua, el domingo 22, para demandar que desechen la iniciativa y se comprometan mediante un proceso participativo a hacer realidad el derecho humano a ese líquido y al saneamiento.