En conferencia de prensa, Ana Laura Martínez Escobar, secretaria estatal en defensa del Territorio, la Soberanía y el Medio Ambiente de Morena Puebla, afirmó que el 13 de septiembre de 2013 fueron aprobadas modificaciones a la Ley Estatal de Agua en Puebla, abriendo así la puerta a la inversión privada y permitiendo que el agua pasara a manos de empresas particulares, incrementándose así hasta en 400 por ciento los cobros de este recurso vital que fue concesionado por los próximos 30 años a la empresa denominada Concesiones Integrales.

Precisó que a nivel nacional el asunto es mayor, ante la amenaza latente de la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales presentada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), misma que propone mayor participación del sector privado en los servicios de potabilización y saneamiento, así como los trasvases de una cuenca a otra, y que la explotación del recurso nacional sea concesionado a particulares hasta por 70 años.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida acordaron presentar denuncias simultáneamente frente a las oficinas de CONAGUA en todo el país, así como de autoridades estatales y/o municipales, el próximo 22 de marzo, día Internacional del Agua.

En el municipio de Puebla, la cita es a las 11:30 horas, en Circuito Juan Pablo II No. 505, Plaza Comercial América 1er. Piso.

Indicaron que se suman a la exigencia del debate entre las dos iniciativas de Ley: la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas “Agua para todos, agua para la vida” promovida por académicos, investigadores, organizaciones sociales y activistas, y la Iniciativa de Ley General de Aguas conocida como “Ley de Aguas Korenfeld” que promueve el Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA.

Martínez Escobar expresó: “Tendremos que empezar a unir fuerzas todos los ciudadanos cuando entendamos que este no es un asunto de una familia o de una persona, sino que atañe a toda la sociedad”.

La Ley Korenfeld permite poder tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza pública, tal como se señala en sus artículos 15, 55-57, 65 fracciones II y 263.

René Sánchez Galindo, Consejero Nacional de morena y director de Colectivas A.C. aseguró que se está ante un esquema de privatización total, denominado trasvase directo, ya que implica ceder el control absoluto de las aguas nacionales en el territorio nacional para crear una nueva autoridad hídrica: las empresas privadas.

Actualmente el esquema de privatización solo abarca el ámbito municipal con la fórmula, que para la ciudad de Puebla se traduce: Conagua - Soapap (sistema operador municipal) - Concesiones Integrales (empresa privada que suministra) - consumidor o usuario.

Con la reforma que se votará el martes 10 de marzo el esquema sería: Conagua - empresa privada - sistema operador municipal - empresa privada que suministra – consumidor o usuario.

Así, el nuevo ente que operará todo el suministro de agua a la autoridad municipal, ya no sería CONAGUA, sino un particular.

El esquema ya está en camino con dos proyectos: uno inter estatal llamado Monterrey VI, que comprende los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, y el gran operador será Grupo Higa; otro intermunicipal en el estado de Sinaloa, conocido como: Acueducto Picachos Mazatlán, que también es privatizado.

Para el estado de Puebla la CONAGUA estudia dos proyectos: uno para abastecer a la zona metropolitana del DF, llamado Necaxa-Tecolutla, y una planta de tratamiento en Tehuacán. Aún no se tiene información sobre si será un esquema público o privado.

Asegura Morena que la entrega de facultades constitucionales para administrar aguas nacionales en manos privadas representa la privatización total. En 2003 Fox, vetó una ley que le quitaba al presidente el control directo de la CONAGUA, hoy Peña Nieto va mucho más allá y no sólo cede el control de la CONAGUA, sino que entrega a  particulares la administración de las aguas nacionales.

Sánchez Galindo advirtió que si los diputados federales buscan que la Ley General de Aguas Nacionales sea constitucional, deben agregar a la ley que tratándose de trasvases directos que incluya servicios urbanos, de riego o cualquiera que implique acceso del público al agua, el trasvase no podrá ser concesionado.