Jubilados de la BUAP denunciaron violaciones a la cláusula 52 y 65 del contrato laboral, debido a que el resto de trabajadores lograron un incremento salarial de 8 por ciento, mientras que a los ex trabajadores se les otorgó sólo el 3.4 por ciento.

Los empleados, que están conformados en el colectivo Jubilados Unidos de la BUAP, indicaron que las violaciones a sus derechos laborales se realizaron con la venia Consejo General de Huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SITBUAP), quien avaló los nuevos términos del aumento salarial.

Pedirán nulidad de convenio

Los ex trabajadores aseguraron que el Consejo General de Huelga de la BUAP pactó de manera ilegal los incrementos salariales, de tal manera que del aumento de 8 por ciento directo a los jubilados sólo se les concedió el 3.4 por ciento.

Aseguraron que de esa manera se incumple con las cláusulas  52 y 65 del contrato laboral, donde se estipula que "los derechos de los trabajadores son irrenunciables y en ningún caso podrán ser inferiores" y que los "trabajadores jubilados gozarán de los incrementos salariales correspondientes a su salario base y que se otorgue de manera directa al mismo, quedando comprendido en esto lo correspondiente a la retabulación y rezonificación".

Ante esta situación los ex colaboradores demandarán la nulidad del convenio entre la administración central de la institución y el comité ejecutivo del sindicato ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje (JLCA).

Acusan detrimento de prestaciones

En una rueda de prensa los jubilados acusaron que a pesar de las aportaciones que hicieron a la universidad, actualmente son considerados "una carga laboral", de tal manera que sus derechos laborales se han visto vulnerados paulatinamente.

Sin embargo, lo que consideraron más grave es que el sindicato de trabajadores en lugar de defenderlos "es quien más transgrede" y ha permitido que vayan desapareciendo sus prestaciones sin consultar a la base.

Afirmaron que su pensión es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y prioritarias de sus familias, lo cual viola el artículo 123 de la Constitución Mexicana.

Por ese motivo en marzo realizarán una Asamblea General de Jubilados, con el objetivo analizar las prestaciones y compensaciones que tienen, además de solicitar más subsidios federales y estatales para garantizar sus pensiones.