Un cerro artificial considerado como una zona de riesgo en el Conjunto Habitacional La Guadalupana es el terreno ofrecido por el Ayuntamiento de Puebla a ejidatarios de San Baltazar Campeche, a fin de librar la orden de destitución emitida por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra del síndico Héctor Sánchez, la tesorera municipal Arely Sánchez Negrete y el alcalde José Antonio Gali.

El área está formada por tierra y escombros que la constructora Impulsora San Bartolo S.A. de C.V. sacó para edificar casi 5 mil viviendas de interés social, entre el 2005 y el 2009, en la zona.

Los predios originalmente pertenecían al ex Rancho San Cristóbal, del ejido de San Francisco Totimehuacán, pero fueron adquiridos por la constructora a través del Banco HSBC a fin de llevar a cabo el desarrollo inmobiliario que finalmente fue vendido por la constructora IVI Hogar SA de CV.

De acuerdo con una copia de la escritura de la Unidad Habitacional a la que e-consulta tuvo acceso, el predio desincorporado el jueves pasado fue donado al Ayuntamiento en marzo del 2007 junto con otros tres de distintos tamaños.

En ese entonces su valor fue tasado en 9 millones 818 mil 634.98 pesos, por lo que en sólo siete años habría incrementado su precio hasta alcanzar los más de 14.9 millones que el Ayuntamiento tiene que pagar a los ejidatario de San Baltazar.

Viviendas en zona de riesgo

Mediante un recorrido realizado por el área, se corroboró que el predio en cuestión se trata de la elevación más alta del Conjunto Habitacional, ubicada a unos 500 metros del Periférico Ecológico, donde se encuentran edificadas cientos de viviendas tanto en su parte alta como en su parte baja, pese a los riesgos de desgajamientos.

Se encuentra entre las calles de Nuestra Señora de la Luz y Nuestra Señora de Fátima, con un acceso principal por la calle de Nuestra Señora del Rosario.

La escritura detalla que el predio cuenta al Norte con una extensión de 63.8 metros divididos en tres tramos; al sur, tiene 112.53 metros en dos tramos; al Este mide 78 metros divididos en dos partes de 39 metros cada una; y al Oeste su longitud total es de 183.2 metros divididos en cinco partes, de acuerdo con los distintos lotes colindantes.

Territorialmente, esta zona es la segunda más grande del fraccionamiento que la constructora destinó para donación al municipio y tiene una superficie total de 30 mil 779.42 metros cuadrados. Sin embargo es prácticamente inservible por las condiciones geográficas del lugar.

Vecinos pedían áreas verdes

A decir de los vecinos del Lote 7, en repetidas ocasiones han solicitado al Ayuntamiento la instalación de canchas deportivas, una pista de trote, un gimnasio al aire libre y áreas de esparcimiento, pero siempre han sido rechazados bajo el argumento de que es inviable porque se trata de una zona de riesgo.

Apenas en el mes de noviembre, recuerdan que un grupo de regidores encabezados por Miriam Arabián visitaron el predio y se comprometieron a gestionar el rescate del área para beneficio de la comunidad; sin embargo, estas mismas promesas son las que hicieron en su momento las administraciones de Blanca Alcalá y Eduardo Rivera, sin concretar ninguna de ellas.

Tras enterarse de la desincorporación del predio al Conjunto Habitacional, se inconformaron y anunciaron que este lunes buscarán a los mismos regidores para que les expliquen la situación e incluso se dijeron dispuestos a manifestarse para evitar que el Ayuntamiento entregue el predio.

Cabe recordar que la semana pasada el Poder Judicial de la Federación, a través del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, ordenó la destitución del alcalde, el síndico y la tesorera del Ayuntamiento de Puebla por evadir el pago de 14.9 millones de pesos a favor de ejidatarios de San Baltazar Campeche que resultaron despojados de sus terrenos en 2009, cuando se construyó el bulevar Nezahualcóyotl.