El Senado de la República avaló 17 dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Justicia, entre los que destaca un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) para que analice la viabilidad legal de iniciar una investigación sobre la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Lo anterior, con la finalidad de deslindar las responsabilidades que puedan existir y en su caso, ejercer las acciones legales correspondientes.

También se busca que la PGR proporcione capacitación al personal que labora en esa institución sobre la atención a víctimas del delito, sus derechos y las obligaciones de la autoridad ministerial y jurisdiccional relativa la importancia de la reparación integral y las medidas de ayuda y protección, con la finalidad de cumplir los derechos plasmados en la Constitución.

El pasado 26 de enero se dio a conocer que la ciudadana francesa Florence Cassez presentó ante un juez mexicano una demanda civil por daño moral en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, del ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal Genaro García Luna, así como el actual secretario de Seguridad Pública en Puebla, Facundo Rosas Rosas.

El funcionario poblano formó parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, cuando la francesa fue detenida en 2005.

De acuerdo con el diario La Jornada, Cassez, quien estuvo presa en México durante siete años acusada del delito de secuestro, solicitó al Poder Judicial Federal que condene a los demandados a indemnizarla con 36 millones de dólares para reparar la afectación moral que le ocasionó, entre otras cosas, haber estado varios años en prisión sin que las autoridades mexicanas le hubieran podido demostrar que formó parte de la banda de plagiarios Los Zodiaco.

Sin embargo el 26 de enero un juez federal rechazó admitir a trámite la demanda por daño moral que interpuso la francesa Florence Cassez contra el ex presidente Felipe Calderón, ex funcionarios federales como el poblano Facundo Rosas Rosas, Grupo Televisa y dos periodistas, a los que reclama el pago de 36 millones de dólares.

Juan Manuel Vega Tapia, juez segundo de distrito en materia civil, se declaró incompetente para conocer del caso, presentado por la defensa de la francesa para reclamar indemnización por los más de siete años que pasó presa en México, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.