Hasta con 12 años de prisión se castigará a quienes por medio de grafitis o actos ilícitos causen daños o deterioren la infraestructura urbana o los inmuebles que utilice el gobierno del estado para la prestación de un servició público o sean parte del patrimonio artístico o arquitectónico del estado.

La propuesta es impulsada por el diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera, quien aseveró que la intención es proteger los bienes privados o públicos de actos vandálicos.

De acuerdo con el proyecto que analizarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, los artículos a modificar son el 186, 413 Bis y se adiciona el 413 Ter al Código Penal del Estado.

En el apartado 413 Bis se establece que habrá sanciones de uno a tres años a quienes realicen pintas en propiedad privada, y de dos a cuatro años si el daño es en bienes de “dominio público”.

“Al que sin consentimiento de quien deba darlo, causare daño, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquier otra manifestación gráfica, se aplicarán las siguientes sanciones: si se realizare en bienes de propiedad privada, se le impondrá de uno a tres años de prisión; y si se realizare en bienes de dominio público, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión”.

En cuanto a la pena mayor, el numeral 413 Ter indica que la sanción será la misma que se propone en el artículo 412, la cual va de seis a 12 años de cárcel a quienes ilícitamente y con dolo destruyan el equipamiento, infraestructura urbana y los inmuebles considerados como patrimonio de la entidad.

En entrevista, Castañón Herrera refiere que la penalidad es si el daño es ocasionado o no por los grafitis.

“Estamos incluyendo el 413 Ter a efecto de dejar muy claro en el código cuando se trate de daños ocasionados no sólo por grafiti, sino por cualquier otro tipo de acto ilícito a la infraestructura y al mobiliario urbano”.

Además de endurecer las penas previstas en el Código Penal a quienes realicen pintas en propiedades privadas o públicas, la propuesta impone una sanción en cárcel de tres a seis años a quienes cometan delitos “por pandilla”.