El tema de la casa del presidente Peña en Ixtapan de la Sal, que sacó a la Luz el diario estadunidense The Wall Street Journal, abona al malestar que la llamada Casa Blanca de las Lomas y la de Luis Videgaray, en Malinalco, provocaron en la población.

Pero también ofrece a la oposición argumentos sólidos para desprestigiar al régimen.

El Congreso tomó ayer cartas en el asunto. El diputado federal Alfonso Durazo, futuro coordinador del grupo de Morena en San Lázaro, exigió públicamente la creación de una fiscalía independiente que investigue los bienes del primer mandatario y de los secretarios de Estado.

“El Presidente no puede gobernar bajo sospecha”, dijo el otrora secretario particular de Vicente Fox.

El PAN propuso el mismo camino. Sometió al Pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con idéntico propósito.

“Estamos ante un nuevo caso, el de la casa de Ixtapan de la Sal, donde hay sospechas de un conflicto de intereses, de una relación perversa entre el poder y el dinero”, subrayó el senador Javier Lozano.

López Obrador, por supuesto, no lo dejó pasar. En un mitin en Puebla dijo que “da pena ajena” la imagen de México en el exterior “por culpa del gobierno corrupto de Peña Nieto”.

Los legisladores del PRI no dejaron pasar el punto de acuerdo del PAN. Alegaron que no estaba en la agenda de la sesión. Pero Lozano ya hizo el anuncio “y el próximo miércoles va”.

El gobierno federal se refleja perdido frente a los sucesivos escándalos que ha tenido que enfrentar. Nomás no encuentra la forma de hacer un control de daños efectivo. Las explicaciones y comunicados oficiales no convencen a nadie.

Difícil creer que no hay vínculos entre el éxito del empresario Roberto San Román Widerkehr, quien vendió la citada casa en cinco millones 611 mil 195 pesos, y los millonarios contratos del gobierno que ha ganado desde que Peña Nieto fue gobernador.

Y otra vez se habla por todos lados de “conflicto de interés”.

“Madero es el Roberto Madrazo del PAN. Su ambición por el poder es desmedida”, afirma Javier Lozano.

El aguerrido legislador poblano no entiende los movimientos de don Gustavo. Hace 113 días pidió licencia para buscar una diputación federal. Ya la aseguró. No competirá por la curul. Lo hará por la vía plurinominal. Es el primero de la lista en su circunscripción.

Una vez logrado su objetivo, hizo a un lado a Ricardo Anaya a quien dejó, diría el compañero Jairo Calixto, como su valet parking.

El joven maravilla no lo hizo mal. En poco más de tres meses y medio apaciguó los ánimos. Maderistas y filocalderonistas dejaron de darse con todo.

Pero “el dueño del PAN” —así lo bautizaron los colegas de El Universal— hizo efectiva la amenaza de regresar al cargo una vez conseguido el objetivo, y ya hay una broncota otra vez.

Ya es nuevamente jefe nacional y allí se va a quedar hasta autonombrarse coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la legislatura que arranca en San Lázaro el próximo 1 de septiembre.

“De ahí va a aspirar, seguramente, a la candidatura presidencial en 2018 y después a ser Papa”, remató, burlón, el exsecretario de Trabajo de Felipe Calderón.

Los aspirantes priistas al gobierno de Guerrero se reunieron, la noche del martes, con el presidente del partido, César Camacho; la secretaria general, Ivonne Ortega, y el representante regional, René Juárez.

Manuel Añorve, Héctor Astudillo, Mario Moreno, Cuauhtémoc Salgado y Héctor Apreza estuvieron de acuerdo en apoyar una “candidatura de unidad”, que se decidirá en Los Pinos.

En el cónclave se comentó la posibilidad de que el tricolor recupere Guerrero, tras el retiro del senador perredista Armando Ríos Piter, favorito en las encuestas.

El nombre del candidato del PRI se conocerá el próximo sábado, y el lunes será el registro.

Charlamos brevemente con Juan Ramón de la Fuente en los pasillos de un hotel de Reforma. ¿Tema?, las elecciones. El exrector de la UNAM está convencido de que se equivocan las organizaciones civiles que promueven el abstencionismo en las urnas. Las campañas de este tipo sólo favorecen el voto corporativo, advierte.

El PRD trae entre ojos al “gobernador virrey” de Puebla, Rafael Moreno Valle. Le están armando en el Congreso un expediente para fincarle juicio político. De eso hablaron ayer largo tiempo el senador Luis Sánchez y la diputada Roxana Luna.

Dicen que obligó a los presidentes municipales de la entidad a participar en el programa de pavimentación llamado “dos por uno” (el gobierno municipal pone dos pesos y el estatal uno), pero que las obras fueron de tan mala calidad, que los caminos quedaron intransitables después de las lluvias.

El expediente que le preparan incluye el encarcelamiento de 45 “líderes sociales” y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie en un enfrentamiento con la policía estatal en San Bernardino Chalchihuapan.

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