Para blindar los procesos electorales e impedir en ellos la infiltración del crimen organizado, los partidos políticos deben utilizar todas las herramientas que proporcionan las instituciones del Estado en la revisión de la trayectoria de sus candidatas y candidatos, aseguró César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consideró necesario que los institutos políticos soliciten información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a las auditorías superiores de los estados, a las áreas de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías de los estados sobre posibles conductas delictivas y averiguaciones previas en contra de sus candidatos.

Entrevistado en el programa Justicia electoral a la semana, que se transmite a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF), Astudillo Reyes indicó que todas las instituciones del Estado deben realizar un esfuerzo para darle mayor seguimiento al dinero que ingresa a las precampañas y campañas, mismo que desborda los topes de gastos establecidos para tal fin.

Subrayó que durante la fiscalización del financiamiento público y privado, en más de 76 mil informes de precampaña y campaña de los partidos políticos que se presentarán durante 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe poner especial atención y “seguir la pista al dinero que no se reporta a la autoridad electoral, porque es justamente un dinero que viene de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el crimen organizado, o de las propias arcas del Estado y se desvía de manera ilícita a campañas electorales”.

Afirmó que no es dinero fácil de perseguir porque son recursos en efectivo o en especie, “es dinero que deja poca huella para que se le dé seguimiento”, señaló el también abogado general de la UNAM.

Los partidos políticos deben evitar la postulación de personas vinculadas con el crimen organizado

Comentó que los partidos políticos deben diseñar medidas de blindaje electoral para evitar que personas vinculadas con el crimen organizado puedan competir dentro del juego democrático porque dañan a las instituciones del país y los valores democráticos de la Constitución.

Para el investigador, lo que pasa en México no es un problema de leyes sino su la aplicación. “Tenemos leyes de responsabilidad penal y política pero no se aplican de manera adecuada. En este país pocos pisan la cárcel por corrupción, tenemos un nivel de impunidad muy alto”, agregó.

La transparencia es un factor de blindaje

Aseguró que un instrumento para evitar la infiltración del crimen organizado a los procesos electorales es la transparencia, ya que se obliga a los partidos políticos a que muestren cómo se toman ciertas decisiones internas y quiénes son los responsables.

Además, manifestó que es fundamental que las instituciones electorales, como el Tribunal Electoral y el INE acompañen los esfuerzos de los partidos políticos y poderes públicos en esta gran labor, revitalicen la salud de nuestro sistema democrático y señalen las rutas por donde se pueden implementar acciones de blindaje.

Dijo que hoy más que nunca las elecciones son el conducto a través del cual el ciudadano puede premiar, castigar, exigir responsabilidades políticas, manifestar su rechazo o beneplácito con algunas políticas implementadas.