Con una “deuda pública” de más de 26 mil millones de pesos -incluyendo los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)-, una inflación superior a la media nacional y con una disminución de 31 por ciento de la inversión pública, Rafael Moreno Valle Rosas llega a su cuarto año de gobierno.

El doctor en Economía de la BUAP, Alejandro Chávez Palma, aseguró durante el "contra-informe" que se realizó este lunes en el zócalo de la ciudad de Puebla, que existe una "total inequidad" en la aplicación de recursos públicos.

Esto debido a que por una parte la deuda del estado se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, pero en contraste la inversión pública ha caído en 31 por ciento, sobre todo en los rubros de medio ambiente, desarrollo urbano y seguridad, así como educación y cultura.

Comprometido, un tercio de recursos

En su intervención, el investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) explicó que si bien la deuda pública directa suma 5 mil 763 millones de pesos, se tendrían que sumar todos los proyectos que se hicieron bajo el esquema de PPS, ya que comprometen las finanzas públicas y que suman 15 mil 590 millones de pesos.

Además deben incluirse las deudas por el alumbrado público -mil 40 millones-, la contingente -2 mil 263 millones- y la no avalada a fondo perdido -628 millones-, así como las cuentas por pagar a bancos y proveedores -721 millones-.

Cabe recordar que algunos de los PPS que se realizaron en los últimos cuatro años son: el Museo Internacional Barroco (MIB) a cargo de Grupo Higa, el Centro Integral de Servicios (CIS), el parque Paseo Teleférico, la plataforma Audi y la Estrella de Puebla.

En total, al cierre de 2014 el estado de Puebla tendría un endeudamiento equivalente a 26 mil 23 millones de pesos, lo cual representa un tercio de los recursos totales que se erogaron en 2014, que son equivalentes a 77 mil 934 millones de pesos, según la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Ante esta situación, el especialista sostuvo que "al gobierno no le interesa combatir el empobrecimiento de sus habitantes, lo que quiere a contentillo es convertir al estado en un centro de atracción turística para su proyecto transexenal".

Bajos salarios y mucha inflación

Otro de los aspectos que destacó Chávez Palma es que por un lado Puebla es la sexta entidad con mayor alza en los precios de productos y servicios, por lo cual terminó el año con una inflación de 0.74 por ciento más alta que la media nacional, es decir, con 4.18 por ciento de inflación.

La inflación con que cerró 2014 fue 23 por ciento superior a la de finales de 2013, cuando la variación de precios llegó a 3.39 por ciento.

En contraste el salario mínimo es de 66.45 pesos al día, lo que significa que con los sueldos poblanos cada vez alcanza menos para comprar bienes.

De igual forma el economista destacó que ha habido una baja en la inversión pública, cuando el gasto corriente -servicios generales, materiales y suministros, servicios personales- aumentó y lo mismo sucede con el presupuesto para difundir la imagen del mandatario.

Según cifras del especialista, el presupuesto para medio ambiente disminuyó en 81 por ciento; para desarrollo urbano hubo 54 por ciento menos de recursos; para educación y cultura 52 por ciento menos; para seguridad y justicia 36 por ciento menos. Mientras que para salud y seguridad social fueron 22 por ciento menos de fondos.

Puebla, un estado fallido

Por su parte, tanto Pablo Herrera Moreno, del Movimiento Nacional por la Esperanza, y Carlos Figueroa, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalaron durante el "contra-informe" que Puebla es un estado fallido gracias a que la inseguridad, los presos políticos y la represión han crecido.

Herrera destacó que en los cuatro años de gobierno morenovallista se han impulsado leyes que perjudican a los ciudadanos, como son la ley de expropiación, la ley bala, la reforma a la ley del agua y a la orgánica municipal.

Además de que esas leyes causaron conflictos en las comunidades por la salida de registros civiles, la falta de nombramiento de jueces de paz y ministerios públicos adjuntos. Uno de ellos sucedió en San Bernardino Chalchihuapan, donde el niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo resultó herido de muerte y otras 35 personas con lesiones graves, debido al uso de la fuerza pública en su contra.

Figueroa sostuvo que en cuatro años hay más de 128 presos políticos en la entidad, que tienen que purgar condenas de diez a 15 años debido a que cada vez que están por salir de prisión se les fabrican nuevos delitos.

No conforme con eso, los presos políticos han pagado más de 6.2 millones de pesos de fianza y 45 de ellos aún siguen en la cárcel, ya sea porque no tienen los recursos para cubrir el monto o porque con los delitos que se les imputan no alcanzan dicho beneficio.