Con un total de 5 mil 98, el año 2014 se ha convertido en el que más desapariciones han ocurrido en el país, de acuerdo con la senadora del Partido Nueva Alianza (Panal) e hija de la célebre Elba Esther Gordillo Morales, Mónica Arriola Gordillo.

Al presentar una iniciativa que busca establecer que este delito también puede ser cometido por un grupo de personas en colaboración con el Estado, Mónica Arriola señaló que desde 2007, 54 personas han desaparecido semanalmente, para un total de 22 mil 610 desaparecidos desde esta fecha.

La senadora del Panal consideró que esta “cifra manifiesta claramente el hecho de que éste delito ha tenido un incremento preocupante en la actual administración”.

En la propuesta que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, describe que la desaparición forzada cobra una especial relevancia en el contexto actual mexicano, a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, ya que con esta “lamentable tragedia” se ha logrado dar una nueva dimensión al asunto, que ha captado las críticas de la política y la prensa internacional.

Su iniciativa plantea reformar los artículos 215 A y 215 C del Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, a fin de establecer que el reconocimiento de este delito puede ser cometido por una persona o grupo de personas que actúan con la colaboración del Estado.

Endurece sanciones

Asimismo, la iniciativa presentada en la Comisión Permanente plantea incrementar las sanciones en dos terceras partes por la negativa del victimario de proporcionar información al respecto o sobre el paradero de la persona.

También establece que aquel servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además de destituirlo del cargo, sea inhabilitado de manera perpetua para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos, así como servicios de seguridad privada.

Lo que esta propuesta busca, dijo, es incluir los lineamientos que establecen los estándares e instrumentos internacionales en la materia.

La legisladora manifestó que la desaparición forzada representa una doble vertiente de agravio para la sociedad, ya que no sólo las víctimas directas resienten el perjuicio en su persona e integridad, con el padecimiento de las torturas y la constante alarma de perder la vida, sino el estremecimiento también llega a los familiares.

Indicó que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que nuestro país enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas, pues a las víctimas de los años recientes se suman las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los 60, 70 y 80.

Nuestra obligación consiste en realizar acciones contundentes con inmediatez y es menester ante la creciente ola de este tipo de delitos y la infiltración del crimen organizado en todos los niveles del gobierno, concluyó.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.